El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tras rechazar los planteos de las defensas -entre ellas la de Cristina Kirchner-, y resolver que continuará el juicio por el direccionamiento de la
obra pública a favor de Lázaro Báez, definirá el orden de las indagatorias que iniciarán el próximo lunes 2 de septiembre. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, siete de los trece imputados pidieron no declarar inicialmente en esta etapa. Entre ellos se encuentra José López (ex secretario de Obras Públicas), Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Lázaro Báez (dueño de Austral Construcciones). La ex Presidenta comunicará si quiere declarar, o no, cuando regrese de Cuba.
Después que las defensas de aquellos imputados que están dispuestos a declarar a partir del lunes en la etapa de indagatorias, el Tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, armará el cronograma y orden de los imputados. Los que no declaren ahora, podrán hacerlo más adelante si así lo consideran, pero no serán incluidos en este primer cronograma.
En el caso de Cristina Kirchner, su abogado Carlos Beraldi informó ante el TOF 2 que una vez que regrese de Cuba donde se encuentra visitando a su hija Florencia Kirchner, definirá con su defendida si declarará o no en esta instancia.
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Quien sí informó que está dispuesto a declarar, fue Nelson Periotti ex titular de la Direcciona Nacional de Vialidad, el organismo desde el cual -se determinó en la causa-, se favoreció al Grupo Austral con el 86% de los contratos viales que se volcaron a la provincia de Santa Cruz.
Continuidad del juicio
A comienzos de esta semana el TOF confirmó que el juicio continuará, desestimando los planteos que requerían la suspensión de las audiencias. Los jueces sostuvieron que este pedido –en rigor, postergación- que las defensas plantean “podría ocasionar un retardo de justicia absolutamente injustificado e incluso redundar en la vulneración de derechos de los demás imputados -cuyas defensas no han adherido al planteo- al inhibírselos de la posibilidad de acceder a una resolución definitiva dentro de parámetros temporales razonables”, remarcaron.
Se volvió a a señalar que había una intención de las defensas de generar “un retraso de la justicia injustificado”. Por ello después de una hora y veinte de lectura, los magistrados rechazaron todos los planteos formulados y decidieron dar continuidad al juicio contra la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.
En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los 13 imputados. A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por haber “formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez”.
Según la justicia, esa asociación “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero”.
La acusación contra CFK
Durante la instrucción de la causa, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.
La acusación sostiene que se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.
La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.
Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”.