Después que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) confirmó la continuidad del juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el fiscal
ante el TOF, Diego Luciani, pidió que se sumen once testimonios que se produjeron en la causa de los cuadernos de las coimas, donde se apunta a la responsabilidad de la ex presidenta en el favorecimiento del empresario santacruceño. Entre las declaraciones de los arrepentidos que se requirió, se encuentra la de Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta), Claudio Uberti (ex titular de Corredores Viales), José López (ex secretario de Obras Públicas), Carlos Wagner (ex titular de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), entre otros.
En un extenso escrito, el fiscal del juicio, Diego Luciani, pidió ante los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que se incorpore al juicio contra la Senadora y candidata a vicepresidenta once testimonios después de haber accedido al expediente que instruyó el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, conocida como los Cuadernos de las Coimas.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, se detectaron en esa causa una serie de elementos que consideró de interés para el juicio que se lleva adelante por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Según pudo saber Clarín, el fiscal Luciani señaló que los testimonios de un grupo de imputados colaboradores, guarda relación con uno de los ejes centrales de la acusación del juicio y se trata de pruebas de “profundo interés para el debate”.
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Como principal vinculación, entre el debate por los 51 contratos que recibió Lázaro Báez por $ 46.000 millones y la causa de los Cuadernos de las Coimas, es la estructura investigada y quiénes la integraban. El juez Bonadio señaló en los procesamientos del expediente principal y los conexos, que se buscó “desentrañar si en el período 2003-2015 existió un mecanismo mediante el cual, dicho muy someramente, numerosos funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, habrían exigido o admitido dádivas como requisito para adjudicar licitaciones correspondientes a obras públicas viales, para la concesión de transporte ferroviario, la concesión de subsidios al transporte automotor, la contratación de bienes y servicios, etc., por parte del Estado Nacional”.
En relación a esta “organización criminal” como calificó Bonadio, también se analiza allí la posible existencia de sobreprecios en las contrataciones, a partir de los cuales se habría consolidado el pago de “retornos” a las autoridades. En este marco, el fiscal Luciani entendió que al menos once testimonios y las pruebas que se desprendieron de sus confesiones como imputados colaboradores, podrían ser de relevancia para el juicio donde Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer con la obra pública vial, al empresario patagónico y su ex socio comercial.
Así, se busca trazar la vinculación entre ambos expedientes. En los Cuadernos, Cristina fue multiprocesada por distintos episodios y hechos de soborno a diversos contratistas y concesionarios estatales. Al referirse a la cartelización de la obra pública -una de las estructuras ilegales que el juez Bonadio detectó en su investigación- el magistrado afirmó: “Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”. El protagonista primigenio de esa supuesta maquinaria no es otro que Lázaro Báez.
Esa cartelización, que se investiga en una causa desprendida del expediente central de los cuadernos, se basó en testimonios claves, como el de José López (ex secretario de Obras Públicas) quien señaló que Cristina Kirchner estaba al tanto de la maniobra de cobro de sobornos, y que era quien marcaba en una lista a qué empresarios se les debía pagar con carácter prioritario (lista encabezada por Báez.
Al fiscal Luciani también le interesa la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, quien indicó que se cartelizaba la obra pública y que se pagaban sobornos de hasta el 30% por contrato. Junto a este testimonio, se pidió el de Juan Chediack sucesor del dueño de Esuco en el espacio que nuclea a las empresas constructoras. Confirmó también el mecanismo de cartelización de la obra pública y de las coimas que debían abonar a ex funcionarios del entonces ministerio de Planificación Federal para obtener primero, los contratos y los desembolsos posteriores, para la firma de los certificados de obra.
Junto a estos testimonios, se contemplaron otros como el del financista Ernesto Clarens, quien dio detalles de la metodología de cobro de las coimas a los empresarios de obra pública, incorporó un extenso listado de las empresas involucradas y se refirió a Lázaro Báez y el nacimiento de Austral Construcciones. Esos son sólo algunos de los nueve que el fiscal espera incorporar al juicio donde se acusa a la ex presidenta de montar una “estructura desde distintos estamentos del Estado para posicionar al amigo presidencial en empresario de la construcción”.
El de Claudio Uberti es otro de los testimonios que el fiscal Luciani pidió incorporar. El ex titular del Organismo que controlaba los corredores viales, contó cómo se estableció el sistema de cobro de sobornos en dicha cartera. Además habló de movimientos de fondos que realizaba Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner.
La lista de “arrepentidos” que se busca incorporar como prueba al juicio que cuenta con trece imputados, está integrada también por Juan Carlos De Goycochea (ex director de Isolux Corsán), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti y Alberto Taselli. Todos estos empresarios confesaron ante Bonadio que pagaron en determinados momentos, coimas a ex funcionarios kirchneristas para renovar, en algunos casos, concesiones y en otros, para la obtención de contratos millonarios.
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