El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se sumó este martes al reclamo de sus pares y ya son 14 las provincias que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia recursos para
que queden sin efecto los decretos, firmados la semana pasada por Mauricio Macri, que determinaron la eliminación del IVA en alimentos, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la rebaja de aportes y el congelamiento del precio de los combustibles.
“Las medidas económicas del gobierno como ganancias son electoralistas. Tengo la presentación lista para mañana ir a la Corte Suprema”, había avisado Bordet en la noche del lunes, en una entrevista en Canal 9. Horas después cumplió su amenaza, según confirmaron a Clarín desde el máximo Tribunal.
Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.
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En la Casa Rosada ubicaron a Bordet durante gran parte del mandato de Mauricio Macri como uno de los mandatarios más dialoguistas. El feeling se terminó.
Solo se abstuvieron de recurrir a la Justicia los 5 distritos oficialistas -Ciudad, Provincia, Corrientes, Jujuy y Mendoza- Chaco, y las provincias con boleta corta: Córdoba, Neuquén, Misiones y Río Negro, que presentó un escrito y luego lo retiró.
Sin embargo, la tensión va en aumento. “Piden que tengamos diálogo, pero nos tratan de extorsionadores”, se quejó Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, una de las provincias petrolera que negocia un bono con el Ejecutivo por el congelamiento de las naftas.
Macri, con el ministro Frigerio y el gobernador Bordet en Entre Ríos. Otros tiempos.
Weretilneck no descarta seguir el camino del resto de los gobernadores. “(Ninguna de las medidas) fueron dialogadas, y nos sentimos liberados a hacer una acción judicial. El perjuicio para Río Negro es cerca de mil millones de pesos; no es un monto menor, con gran parte del presupuesto ejecutado y con una paritaria que hay que terminar de ejecutar”, señaló en declaraciones a un medio provincial.
El oficialismo falló parcialmente en su intento de dividir a los gobernadores en el reclamo. De los 14 que presentaron el recurso judicial hasta el momento, 12 acompañan la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Solo el santafesino Miguel Lifschitz y el salteño Juan Manuel Urtubey -candidato a vicepresidente- acompañan la postulación de Roberto Lavagna.
El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora fue todavía más allá y tildó de inútiles a los funcionarios del Gobierno. “Voy a tratar de ser lo más respetuoso posible, porque tratarlos de burros sería tratarlos de ignorantes y esto no lo dicen de ignorantes. La palabra extorsión implica un delito. ¿Reclamar un derecho en la Justicia es una extorsión? Estamos ante la demostración del desprecio que tienen por el federalismo y el republicanismo del que tanto se llenan la boca hablando”, dijo Zamora este martes.
Se trató de una respuesta a las declaraciones de Mario Negri y Luis Naidenoff, jefes de los interbloques oficialistas en Diputados y Senadores, quienes el lunes participaron en la Casa Rosada de la segunda reunión de la Mesa de Acción Política y acusaron a los gobernadores de extorsionar al Ejecutivo.
“Frente a una devaluación como la que se produjo, que generó la incertidumbre después del resultado electoral, si el Gobierno no hubiese tomado medidas para ayudar a la gente, ¿qué estarían diciendo en la reunión de los gobernadores del peronismo? ´¡Estos son insensibles, abandonen el Gobierno, han tenido una devaluación, la gente no puede comer!´ Bueno, el Gobierno estuvo a la altura de lo que la emergencia demandaba. Y el peronismo lo sabe mejor que nadie”, recalcó el jefe del Interbloque de Cambiemos en Diputados.
El monto total de la pérdida de recaudación para las provincias, según los gobernadores, será de 40.000 millones de pesos. Buenos Aires, por ejemplo, podría perder hasta $ 6.000 millones y Tucumán unos $1.500 millones, que para la provincia del norte significan los pagos de un mes de salario para todos los empleados públicos del distrito.
Ahora la Corte Suprema deberá definir. En el Gobierno apuntan que un fallo adverso podría llegar después de diciembre, un detalle que afectaría más a la futura gestión que a la actual.