Pausado pero firme es el ritmo de la instrucción de la causa en la que se investiga si el juez Alejo Ramos Padilla abusó de su autoridad durante la subrogancia que
encabezó en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. El interinato duró apenas seis meses, durante la segunda mitad de 2015, pero fue tan intenso que para algunos empleados y funcionarios resultó “un antes y un después” en su carrera judicial. A determinar eso apunta la labor del fiscal federal Gabriel González Da Silva.
La veintena de declaraciones testimoniales que citó son de quienes revistaban en ese juzgado previo a la llegada del juez de Dolores, dispuesta por la mayoría K del Consejo de la Magistratura a mediados de junio de aquel año y que permanecieron toda la gestión. “Se busca establecer las diferencias en el clima laboral entre un momento y otro” explicó una fuente de la fiscalía. Entre los convocados figuran agentes que hablaron de “presiones psicológicas”, “amenazas” y “aprietes encubiertos” en un sumario abierto por el propio Ramos Padilla apenas asumió.
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En ese expediente, una secretaria declaró que al comienzo de la gestión se sintió “intimidada” por el juez y encuadró la sobrecarga horaria que le impuso, con obligación de asistir durante la feria judicial, como “acoso laboral”. Otra relató que debía trabajar “diariamente de 8 a 20 y hasta sábados y domingos” para cumplir con el magistrado. Ambas estuvieron entre las siete primeras declaraciones ya formalizadas ante González Da Silva y en las que ratificaron sus dichos.
Restan unas trece más entre las que figuran empleadas a las que no se les respetó el tiempo de lactancia y otras que, como contratadas, dijeron estar amenazadas con que les cortarían el vínculo laboral, sino cumplían. También quienes vivieron como una “intervención política” la subrogancia de Ramos Padilla. Durante ese período, el juez contó con una decena de asistentes llegados desde Dolores y aportados por el Consejo de la Magistratura y la Procuradora Alejandra Gils Carbó.
En la fiscalía bahiense, descartaron por ahora citarlos como testigos ya que, si la causa reúne más pruebas, podrían verse involucrados también en los delitos de abuso de autoridad y amenazas que, en principio, González Da Silva, le reprocha al juez. Tal situación, no se definiría hasta que culminen las testimoniales, lo que ocurriría recién dentro de un mes, a fines de setiembre.
González Da Silva es el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos en la Seguridad Social (UFISES). Desde hace un par de años, está al frente, como subrogante, de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, por lo que viaja dos veces a la semana a esta ciudad. Para no demorar los expedientes del TOF, entre los que se encuentra la reunión de prueba para el juicio por la causa Bobinas Blancas de narcotráfico a México y Canadá, fijó apenas dos testimoniales por semana, en la causa sobre Ramos Padilla.
El expediente le llegó después de que se excusaran el fiscal general y los dos fiscales federales de primera instancia en Bahía Blanca. A fines de noviembre, como informó Clarín, el juez Walter López Da Silva cerró el sumario abierto por Ramos Padilla y le ordenó al fiscal que investigara la posible comisión de delitos durante su interinato. González Da Silva consideró que había elementos para hacerlo y en junio tomó las primeras medidas.
Otra situación que debe resolver es si el juez de Dolores encubrió a Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita fiscal con la que se habría dañado al fisco en 670 millones de pesos. Una de las empleadas que ya declaró ante González Da Silva dijo que apenas asumió Ramos Padilla pidió la causa y la mantuvo un tiempo en su despacho. Báez y otros 13 imputados, declararon hace un año y el juez López Da Silva debe resolver aún si los procesa o no.