Los fiscales de Estado de siete provincias presentaron este lunes recursos ante la Corte Suprema para pedir que se les restituyan los fondos que dejarán de percibir esos estados provinciales por
la eliminación del IVA en alimentos y la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Ese mismo recurso será presentado entre el lunes y el martes por otras seis provincias, cuyos gobernadores ya protestaron por la decisión las medidas que Mauricio Macri anunció tras la derrota en las PASO.
Ese diferendo podría comenzar a tratarse este mismo jueves, cuando los cinco jueces del tribunal se encuentren en la reunión de Acuerdos, aunque será girado a la Procuración General de la Nación, que deberá emitir un dictamen cuyo plazo no está determinado.
Los escritos de Catamarca, Santiago del Estero y La Pampa fueron los tres primeros en ingresar por la mañana en la mesa de entradas y fueron girados a la Secretaría de Originarios, que trata los conflictos entre provincias o entre las provincias y el Estado nacional porque son materia originaria de la Corte Suprema. Eso quiere decir que en esos casos no intervienen tribunales de instancias inferiores y que toda la instrucción del juicio lo hace la propia Corte Suprema.
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La semana pasada, los gobernadores peronistas, a los que se sumaron los de otras provincias cuyos gobiernos no están encolumnados en Cambiemos, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para planificar la forma de revertir los efectos de los decretos de Macri que rebajaron los pagos de la clase media por impuesto a las Ganancias y eliminaron el IVA para un grupo de alimentos de la canasta básica. La queja surgió porque parte de la recaudación por esos dos tributos nacionales es coparticipable a las provincias.
El impacto de la medida, en ese sentido, depende del porcentaje de coparticipación asignado a cada distrito. El monto total de la pérdida de recaudación para las provincias, según los gobernadores, será de 40.000 millones de pesos. Buenos Aires, por ejemplo, podría perder hasta $ 6.000 millones y Tucumán unos $1.500 millones, que para la provincia del norte significan los pagos de un mes de salario para todos los empleados públicos del distrito.
El núcleo de los recursos presentados ante la Corte es un planteo de inconstitucionalidad, que se sostiene en que es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de cambiar las leyes sobre impuestos.
No es el único diferendo entre la Nación y las provincias por las medidas post PASO de Macri. La Secretaría de Originarios ya tiene en sus manos las protestas por el congelamiento del precio de los combustibles que presentaron el jueves último Neuquén, Río Negro y La Pampa. Ese expediente ya fue girado a la Procuración General de la Nación.