La Cámara Federal porteña confirmó al juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga la existencia de una supuesta “operación” para “entorpecer” la pesquisa por los cuadernos de la corrupción.
En sendas resoluciones, el juez Martín Irurzun, de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones, rechazó los pedidos de apartar del caso a Bonadio por parte del productor agropecuario Pedro Etchebest y del ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, según los escritos a los que accedió Télam.
El juez Claudio Bonadio ingresa a su despacho en Comodoro Py.
Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.
Recibir newsletter
Sin embargo, el camarista encomendó a Bonadio evaluar en un futuro “la procedencia de continuar interviniendo” en la investigación “en atención a que la hipótesis planteada en estos actuados, de corroborarse, lo sitúa entre los eventuales perjudicados por la maniobra”.
Según la agencia Télam, Irurzun remarcó que “es imposible pasar por alto el contexto dentro del cual se desarrolla esta investigación”, en alusión a la causa que se investiga en el juzgado federal de Dolores, vinculada a supuestas maniobras de espionaje ilegal y extorsión en causas judiciales, en las que está imputado y declarado en rebeldía el fiscal del caso cuadernos, Carlos Stornelli.
En esta pesquisa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, notificó a Bonadio que también figura entre los denunciados.
Además, se recordó que en otros dos expedientes se investiga la presunta “obtención y utilización de escuchas telefónicas que sirvieron de sustento a la denuncia que enmarca esta causa”.
“La jurisdicción de Lomas de Zamora dispuso formar causa por separado para la investigación de la regularidad de dichas intervenciones”, se agregó en la resolución.
A la hora de confirmar a Bonadio en la pesquisa, se remarcó que “objetivamente, no hay obstáculo que impida a un magistrado investigar si, en derredor de una causa que se encuentra bajo su dirección, se desarrollaron o están ejecutándose acciones tendientes a desviar, dificultar o de cualquier modo entorpecer su curso”.
Bonadio está a cargo de la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno, y se apresta a enviar el caso a sorteo de tribunal oral.
Valdés fue grabado en una escucha telefónica con el detenido ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, en la que aludió a un “Operativo Puf”, que fue vinculado al presunto armado de la causa que se tramita en Dolores para desprestigiar el caso cuadernos.
Etchebest es el productor agropecuario que denunció al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio por intento de extorsión a cambio de no involucrarlo en el caso de los cuadernos, y fue el primer querellante de la investigación que se tramita en Dolores.
Por otro lado, el juez federal Luis Rodríguez decidió mandar a archivo la causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien presentó una denuncia anónima que recopilaba escuchas telefónicas entre presos y exfuncionarios kirchnerista con el objetivo último de deslegitimar su actuación en la causa de los cuadernos de las coimas.
Stornelli presentó esa denuncia anónima el 8 de febrero de este año y la causa quedó en manos de Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello, quien tras la investigación entendió que no había pruebas suficientes “como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”. Rodríguez coincidió con sus argumentos y anteayer decidió enviar a archivo el expediente, según informa el diario La Nación.
Elisa Carrió
Sobre la base de ese anónimo, la diputada Elisa Carrió impulsó otra denuncia, que se encuentra en manos del juez Claudio Bonadio. Ambos expedientes fueron bautizados “Operación Puf”, en alusión a la frase pronunciada en una de las escuchas por el exembajador Eduardo Valdez: “Bonadio y Stornelli… puf”.
Fiscal Carlos Stornelli
Di Lello y Rodríguez no encontraron elementos para probar la existencia de ese supuesto complot y, antes que eso, tampoco encontraron modo de corroborar la veracidad de las escuchas como prueba legal, desde el momento en que el juez que las solicitó había ordenado su destrucción. Las mismas escuchas fueron difundidas a través de los medios.
“Aunque se han llevado adelante diversas medidas a efectos de determinar si del contenido de la misiva surge alguna conducta pasible de reproche penal, los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”, entendió Di Lello en la resolución que revela La Nación.
Rodríguez coincidió y mandó a archivar la causa.