Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, registró en julio un aumento del 49 % en las muertes de civiles a manos de la policía, en el comparativo interanual,
el mayor número para este mes desde 1998, informaron este miércoles fuentes oficiales.
En total 194 personas fueron muertas por la policía en julio, lo que supone que más de seis individuos fallecieron en Río durante intervenciones policiales cada día durante el mes, según cifras divulgadas por el Instituto de Seguridad Pública, un organismo vinculado a la gobernación regional.
En el lado opuesto, ningún policía murió en servicio durante el séptimo mes del año. En julio del año pasado, fallecieron cuatro agentes.
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Las autoridades de Río, fuertemente criticadas por ONG y por la Defensoría del Pueblo por abuso de poder en las comunidades, donde son acusadas, entre otras cosas, de irrumpir en las residencias sin mandatos de la justicia y disparar desde helicópteros durante los operativos policiales, justifican su accionar en la lucha contra la delincuencia.
De acuerdo con el ISP, los homicidios dolosos en julio sumaron 309, una caída del 25% en comparación con el mismo mes de 2018. El crimen que también ha retrocedido un 23% en el acumulado de los primeros siete meses del año, con 2.392 muertes, en relación con el mismo período de 2018.
El número de homicidios en los siete primeros meses del año es el menor para este período desde 1991.
En julio, también los robos de vehículos bajaron 9% en relación con el mismo mes del año pasado, y en los robos de calle la reducción fue de 8%.
Los datos fueron revelados un día después de que un joven de 20 años que sufría depresión, y quien secuestró un autobús con 37 personas bajo amenaza de incendiarlo con gasolina fuera abatido por un francotirador del grupo elite de la Policía de Río para rescatar a los rehenes sanos y salvos.
La polémica intervención del francotirador puso nuevamente sobre el tapete la legitimación de la violencia policial contra la delincuencia, un tema que es avalado por el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y por uno de sus más fervientes seguidores, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.
Aunque el Congreso ha logrado frenar por lo menos momentáneamente, los decretos con los que el presidente Bolsonaro busca flexibilizar la posesión y el porte de armas en Brasil, una de sus promesas de campaña para ejercer el derecho “a la autodefensa”, el ultraderechista no cesa en su intención de promover su uso en el gigante sudamericano.
Además de proponer otras tres medidas que se ajusten las exigencias del Congreso, el mandatario anunció a comienzos de mes que enviará un proyecto de ley para que la Policía pueda usar armas de fuego en las operaciones sin ser procesada.
PB
Fuente: EFE