La Sala II de la Cámara Federal porteña dejó sin efecto la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la que había procesado a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio
De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López -entre otros- por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público” en la causa por el Soterramiento del Tren Sarmiento, uno de los derivados del escándalo de coimas de Odebrecht. La nulidad alcanza a la falta de mérito que se había dictado para el ex dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros empresarios.
Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.
Recibir newsletter
A mediados de abril, el juez Martínez De Giorgi se pronunció sobre la situación procesal de ex funcionarios kirchneristas y empresarios vinculados al contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento: se trata de la obra que tuvo a su cargo la brasileña Odebrecht (investigada en el Lava Jato) en UTE con IECSA, Ghella y Comsa. En dicha resolución, había determinado que hasta entonces no podía darse por corroborado el circuito de coimas como para procesar a los empresarios.
“No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas” que se investigan, sostuvo el juez en su momento sobre los empresarios al dictarles la falta de mérito.
Respecto a los ex integrantes del extinto ministerio de Planificación Federal, Martinez de Giorgi los había procesado por “negociaciones incompatibles”, por favorecer presuntamente a las firmas ganadoras de la licitación, determinaciónque incluyó al ex asesor y señalado testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.
Bajo esta misma figura, se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos. “Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas” por parte de esos integrantes de las firmas, había considerado el juez.
Al respecto se pronunciaron los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes declararon la nulidad de la resolución “por entender que no había fundamentado debidamente distintos aspectos que se debían analizar”.
Por otro lado, los camaristas señalaron que como en el marco de esta causa se firmó un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña, el juez Martínez De Giorgi “deberá volver a pronunciarse” sobre los acusados una vez obtenida la documentación.
“La decisión adoptada carece de fundamento que permita revisar los aspectos centrales a los que se debe dar respuesta. Es por ende nula. Esta situación impone que el juez, una vez que cuenta con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias se expida” nuevamente sobe “los cargos que pesan sobre los acusados”.
La causa investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA.