La primera fecha para la entrega del peritaje sobre un conjunto de obras que fueron otorgadas a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista, era el 10 de junio. Hubo un retraso y
ante un pedido de prórroga se corrió al 16 de agosto. Esta fecha para entregar el informe tampoco se cumplió y el Tribunal oral Federal 2 (TOF 2) ante una serie de planteos realizados por la defensa de Cristina Kirchner, fijó como nueva fecha de entrega el 4 de septiembre. El fiscal del juicio pedirá la pronta presentación del informe y señaló que la defensa de la ex presidenta busca “obturar el avance del proceso”.
La pericia ordenada por el Tribunal sobre cinco rutas de las 52 que recibió el holding de Lázaro Báez entre 2004 y 2015, es una de las pruebas más importantes del juicio y sirve como un muestreo de las irregularidades denunciadas por Vialidad en el marco de la causa.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Las fechas para la entrega del informe cosechó críticas por parte de las defensas, entre las cuales sobresale la de la ex Presidenta como la de Julio De Vido y el propio Báez. Ahora se prorrogó y el Tribunal fijó como fecha de entrega el 4 de septiembre.
La nueva fecha fijada para entregar la pericia coincide con el posible inicio de las indagatorias en el juicio donde Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció al empresario K con contratos viales por $ 46.000 millones.
El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia debía entregar al TOF 2 el peritaje clave de las obras seleccionadas como “casos testigo” de las irregularidades cometidas y los sobrecostos que se detectaron en ellas. El informe se anexará al juicio por el direccionamiento de la obra pública, y podría exponer las irregularidades en la entrega de obras que no se terminaban y tenían sobreprecios, entre otros aspectos señalados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación.
En la etapa de instrucción de la causa, la candidata a vicepresidenta de la Nación había pedido un peritaje mucho más amplio, una auditoría sobre toda la obra pública durante los doce años y medio de gobierno de ella y su esposo, que además de no estar bajo análisis en este expediente, hubieran retrasado su trámite por años.
Finalmente, el Tribunal se circunscribió a cinco casos testigo: los peritos analizaron tres tramos de la Ruta Nacional 3, la Ruta 40 y la Ruta 288.
Esto fue objeto de quejas por parte de varias defensas, entre ellas la de la candidata a vicepresidenta. Su abogado Carlos Beraldi pidió la suspensión del juicio, entre otros motivos por no contar con toda la prueba suplementaria durante el juicio. Este reclamo fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, porque además el letrado sostuvo que cinco contratos sobre 52 es un universo muy agotado. Pero recientemente planteó un riesgo de irregularidades en la confección de la pericia.
Para el fiscal del juicio Diego Luciani “no existen elementos objetivos que permitan inferir la existencia de algún tipo de irregularidad en el desarrollo de la labor pericial” y por ello solicitó que el Tribunal rechace el planteo formulado por Beraldi para que se modifique la fecha de entrega”. Sostuvo que los planteos de la defensa de la ex mandataria responden a una “estrategia de defensa global que permite inferir la vocación de obturar, mediante la construcción de cualquier artilugio posible, el avance del proceso”.
El último planteo formulado por la defensa de Cristina Kirchner es que los peritos analizaron una documentación de Vialidad Nacional que no era parte de la pericia, y se requirió una nueva prórroga para la entrega del trabajo que lleva poco más de seis meses desde que comenzó. El letrado sostuvo que se quiere cotejar esa documentación analizada, mientras que el fiscal del juicio dijo que la fecha de este reclamo “fue tres días antes de la fecha de vencimiento para la presentación del informe” e insistió que todo responde a una “estrategia dilatoria”.
Estos nuevos movimientos de la defensa van de la mano con la victoria de Alberto Fernández en la últimas PASO.
La instrucción de la causa mostró que entre 2004 y 2015 Lázaro Báez incrementó sus bienes en un 12.127 %. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia- tuvo un crecimiento de 45.313%. Estos números según el dictamen acusador, sin reflejo de la “maniobra de corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz” y por la que el contratista K fue procesado por asociación ilícita junto a Cristina Kirchner.
Según la causa, muchos de los caminos que les encargaron a las empresas de Báez “no conducían a ningún lado” o “no eran necesarios”. Sin embargo, algunos de los que sí revestían importancia quedaron sin concluirse, con el agravante que el contratista K habría cobrado sobreprecios del 65% en promedio por esos contratos que no cumplía.
El peritaje analiza si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos y en las ofertas realizadas; la capacidad técnica de cada una de las empresas de Báez adjudicatarias de los contratos viales, y los certificados de capacidad de contratación que tenían en ese momento.
Además, el Cuerpo de Peritos debe expedirse sobre los motivos invocados por las empresas de Báez para solicitar aumentos de precios: mayores costos, modificaciones de obra o mayores plazos de ejecución de obras.