Mientras el Gobierno discute con los sectores petroleros el alcance del congelamiento de los combustibles, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren salió a criticar la medida a través de su
Consultora Energy Conilium.
Según el reporte de la consultora, el acuerdo debe ser “prontamente subsanado” el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, al entender que es “un desincentivo a la inversión en el sector” y “tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica”.
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Así se desprende del informe difundido este martes en el que se analizó los alcances del decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.
El reporte consideró que el decreto es “un retroceso significativo en términos de política energética” y destacó que “es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector”.
“Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias”, advirtió el informe.
Además, la consultora consideró que el congelamiento “tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector” ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios “en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva” como fue el caso de los productos de primera necesidad.
Al plantear la necesidad de revisar la medida del Gobierno, la consultora que encabeza el ex ministro y ex presidente de Shell Argentina aseguró que dar marcha atrás en el congelamiento permitirá “evitar que la energía sea considerada como una herramienta de política económica discrecional”.
Por lo tanto, entendió, “no sujeto a las reglas de los mercados competitivos donde los agentes privados tomen decisiones de inversión a riesgo sobre la base de marcos regulatorios estables y conocidos”.