Son 51.800 millones de pesos, un agujero negro en las cuentas provinciales que, advierten los gobernadores, puede derivar en que algunas administraciones no tengan recursos a fin de año para pagar los
salarios o aguinaldo.
Suena dramático y lo es: al punto que mandatarios del PJ, según confiaron a Clarín, analizan recurrir a la Justicia para cuestionar la decisión de Mauricio Macri de tomar, de manera inconsulta, medidas que dañan sus presupuestos.
Esa reacción la traducen en clave electoral. “Desesperación”, dice un ministro de un gobierno peronista.
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El miércoles a las 11 de la mañana, en el CFI, unos diez mandatarios se reunirán para discutir una táctica compartida frente al paquete de medidas que anunció la Casa Rosada luego de la paliza electoral del 11-A y que impactan sobre las cuentas de las provincias.
“No estamos en desacuerdo con las medidas en sí, lo que no compartimos es el camino que toma el Gobierno para financiarlas”, aseguró a Clarín un ministro provincial.
En la misma línea, desde otra provincia, dijeron que el Gobierno podría, para cubrir el rojo, “actualizar” los 4 pesos por dólar de retenciones a la exportación agrarias.
“Si lo lleva de 4 a 6 pesos compensa algo. Pero decidió sacarle recursos a las provincias que veníamos haciendo esfuerzo para no tener déficit”, apuntaron desde un gobierno del norte.
Al mediodía, será el turno de los ministros de Economía y Hacienda provinciales, en el marco de reuniones periódicas sobre coparticipación a las que asiste habitualmente Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio de Interior.
El músculo político estará en la cumbre de gobernadores: a ese encuentro algunos llevarán la propuesta de demandas individuales e, incluso, la hipótesis de gestionar un contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El Gobierno está en crisis, endeudó el país y quiere, ahora, destrozar a las provincias. El FMI no debería permitir que quemen las reservas, no seguir dándole fondos para que los quemen. Las medidas incumplen, además, lo acordado con el fondo”, dijo un jefe provincial.
Los 51.800 millones que “pierden” por la reforma de Ganancias y Monotributo, fueron la razón por la cual, la semana pasada, las provincias elevaron un informe para advertir sobre el impacto de las “medidas”.
El informe que estima ese impacto deja, al final, un párrafo que parece un mal augurio: plantea que las medidas podrían generar mayor consumo y, “consecuentemente un incremento de la recaudación del IVA”.
El comentario parecía un guiño modesto, pero guiño al fin, al Gobierno: un reconocimiento que es puede mejorar los ingresos “de bolsillo”. En definitiva, el IVA se coparticipa 89%.
Pero horas después, Macri anunció otra medida: la reducción a 0 del IVA a varios productos de la canasta básica y, mirado desde las cuentas provinciales, el dato redobló el malestar.
En paralelo, el congelamiento del precio de los combustibles impactó sobre las provincias petrolíferas que el miércoles tendrán una cumbre con Gustavo Lopetegui y Rogelio Frigerio.
La semana pasada varios gobernadores hablaron con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, que se convirtió en una especie de vocero de la queja de las provincias.
“No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios“, tuiteó Fernández. Lo hizo él mismo luego de charlar con varios mandatarios.
En estas horas, hubo mensajes desde el Gobierno para abrir una vía de negociación. Una oferta que llegó a oídos de algunos funcionarios provinciales fue la posibilidad de reinstaurar el Fondo Sojero que eliminó el Gobierno y está, por demanda de varias provincias, judicializado.
“Si arrancaron así: ¿cuántas medidas más de este tipo, sin medir consecuencias y sin consultar, van a tomar?”, se preguntó un gobernador opositor.