El Gobierno aplicará la Ley de Abastecimiento para congelar el precio de los combustibles. Aunque las compañías pueden apelar legalmente esa disposición, las mayores empresas (YPF y Pan American Energy/Axion) no
lo harán y acatarán la disposición oficial.
El Poder Ejecutivo informará este viernes que utilizará como referencia los precios que estaban vigentes al viernes pasado, antes de la nueva devaluación del peso. Las compañías fueron informadas en una reunión que mantuvieron este jueves por la tarde con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
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El Gobierno había pensando implementar este congelamiento a través de un acuerdo con las empresas. Sin embargo, ese mecanismo hubiera sido imposible de aceptar para YPF, que se habría visto complicado de explicarlo a los inversores. En cambio, si la imposición es del regulador (el Poder Ejecutivo), la petrolera estatal simplemente dirá a sus inversores que está obligada a cumplir.
Durante la actual administración se liberó el precio de los combustibles. Las compañías podían seguir una cotización internacional. Ahora, se retoma un mecanismo que implementó el kirchnerismo. Se llama “barril criollo”.
Durante la era K, había un “acuerdo” entre los distintos eslabones de la industria. Ese “acuerdo” era una exigencia del Poder Ejecutivo para que productores y refinadores establezcan sus propios parámetros de precios, despegados del mundo.
En la nueva versión, se utilizará un dólar a $ 45 (cuando la cotización orilla los $ 60). Los productores tendrán que venderle a los refinadores con esa paridad. Aunque pueden exportarlo a un dólar real, las compañías tienen que ofrecerlo primero en el mercado local. Si a nadie le interesa, pueden despacharlo afuera.
Se calcula que las compañías integradas, como YPF y Pan American Energy-Axion son las que sufrirán más el impacto de la medida, cuyo costo es estimado por la industria en US$ 250 millones mensuales. Raizen, que solo refina, puede estar complicada porque no tiene forma de balancear entre sus distintas unidades de negocios.
Las empresas que solo se dedican a las exploración (Shell, Tecpetrol, Vista, entre otras) se oponen a esta decisión. Se lo hicieron saber al secretario Lopetegui. En el Gobierno les hablaron de una emergencia temporal, para detener una explosión inflacionaria en los próximos tres meses.