Hace un año su padre asesinó salvajemente a su madre con golpes y cuchilladas. Siendo menor de edad y de condición humilde se quedó solo, sin parientes que lo pudieran ayudar
y sin hogar. Su progenitor fue condenado a prisión perpetua en mayo.
Esta semana la Justicia de Río Negro le permitió irse a vivir legalmente con una pareja homosexual, de treinta y tantos los dos, que lo cuida desde hace tiempo de manera informal. En los peores momentos de su corta vida –tiene 17 años- han sido su hogar sustituto y un refugio, le cuentan a Clarín fuentes del caso.
El mediodía del 10 de octubre de 2018 Eduardo Valenzuela (57) primero golpeó con los puños y luego atacó con un cuchillo a su ex pareja y madre de cuatro de sus hijos, Patricia Parra, hasta matarla. Ella se preparaba para viajar al 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew y su femicidio conmocionó a la Patagonia.
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Los jueces lo encontraron culpable de “homicidio triplemente calificado, por haber existido con la víctima una relación de pareja, por haber actuado con ensañamiento, y por haber ocurrido en el marco de violencia de género, esto en concurso real con desobediencia a una prohibición de acercamiento, y amenazas agravadas con arma”.
Semanas después del femicidio, el menor, representado por dos abogados y los adultos que lo recibieron en su casa, le solicitó a la Justicia que le autorice a vivir con la pareja que constituyen un matrimonio igualitario. La formalización del trámite llegó casi 10 meses más tarde. Producto de la orden judicial el adolescente será beneficiado con la Ley Brisa que le otorga una reparación económica a los hijos/as de víctimas de femicidio equivalente a una pensión jubilatoria mínima hasta los 21 años.
El adolescente es de la localidad de Cervantes, Río Negro, mientras que la pareja vive en General Roca, distante a unos 22 kilómetros. Ambos son profesionales.
Tres años antes del crimen, la madre había decidió rescatar al chico de un escenario devastador en donde la violencia era cotidiana. Ella y su hijo eran amigos del matrimonio homosexual de Roca. Parra acudió a ellos desesperada y llena de temor para pedirle que lo recibieran y lo cuidaran.
Se trató de un acuerdo de palabra con el propósito de preservar al chico de las agresiones de su padre que también lo alcanzaban a él. El adolescente trataba de defender a su madre de las golpizas y la mujer temía un desenlace fatal para ella o ambos. Al final, logró salvar su vida.
La pareja se fue haciendo cargo de todas sus necesidades incluyendo su alimentación y educación. Hasta lograron viajar juntos al exterior con el acuerdo de la familia.
Mientras tanto en su hogar el infierno de Patricia continuaba. A pesar de las denuncias y de las órdenes de restricción que pesaban sobre Valenzuela, este mantenía sus ataques y amenazas de muerte.
El 10 de octubre el hombre fue hasta la casa del barrio Colonia Fátima solo para golpearla con furia. Una vecina que escuchó los gritos intentó buscar un policía en una retén cercano, pero no lo encontró. A su vuelta, observó cómo Valenzuela acuchillaba una y otra vez a Parra.
Entre los hijos de ella y de él, tenían un total de 8 descendientes. Pero en este contexto dramático fue el menor quien quedó en el vacío. Tenía una relación esporádica con sus hermanas y tampoco había una casa a la cual volver, según contó a la Justicia.
Frente a una situación de extrema fragilidad intervino la defensora de Menores e Incapaces María Cristina Díaz y un estudio de abogados, integrado Mónica Baldoni y Marcelo Hertzriken Velasco.
“El está bien, le va muy bien en el colegio y se encuentra contenido, en un hogar. Lo amamos como desde el primer día”, indicó a este diario uno de los padres quien pidió que no trasciendan sus nombres ni el del menor porque viven en una comunidad chica. “No queremos perturbarlo más”, agregan.
Después de un proceso de entrevistas conjuntas donde las partes explicaron sus motivaciones y especial lazo que los unía más allá de la sangre, la Jueza de Familia Moria Revsin le otorgó al matrimonio la guarda del adolescente. Aunque la pareja no tiene ningún parentesco con el menor, la magistrada entendió que el vínculo formado por los tres podía conducir al chico a una vida mejor.
“Lo novedoso de este caso es que la guarda judicial se otorgó no a aquellos que están contenidos en el Artículo 657 del Código Civil, es decir, a abuelos, a tíos u otros parientes, sino que tomamos como vínculo de familia afín al matrimonio igualitario que solicitó el trámite de la guarda. Esto con el propósito de que el adolescente pudiera concretar el acceso al beneficio de la Ley Brisa, entre otras cuestiones”, explicó la defensora de Menores.
Los padres explican que el aspecto económico no representaba el centro del pedido. “No era la Ley Brisa el principal objetivo más allá de que le corresponde legalmente”, indica uno de ellos.
Bariloche. Corresponsalía.
DD