Fileen Sullivan y Michael D. Shear
La administración Trump penalizará a los inmigrantes legales que dependen de los programas públicos, tales como los cupones de alimentos y las viviendas subsidiadas por
el gobierno, como parte de una nueva política radical de desacelerar el flujo de inmigración legal a los Estados Unidos y reducir la cantidad de inmigrantes a los que se le otorga es estatus legal permanente.
La movida tendrá el mayor impacto sobre los inmigrantes pobres que viven en el país legalmente y reciben beneficios públicos del gobierno, obligándolos a elegir entre aceptar la ayuda financiera y vivir y trabajar en el país legalmente. Probablemente no afectará a los inmigrantes que ya tienen su green card.
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Los Estados Unidos quieren inmigrantes que puedan autoabastecerse, de acuerdo con la reglamentación, no aquellos que “dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”, según la nueva reglamentación.
La reglamentación, que está prevista que comience a regir en 60 días, le dará a la administración Trump, una nueva herramienta poderosa para reducir la demografía de personas que van a vivir y trabajar en el país.
Los defensores de la inmigración han prometido demandar a la administración en un intento por impedir que la nueva reglamentación entre en vigencia. Decenas de miles de personas se opusieron a la reglamentación en una serie de comentarios públicos en los últimos meses.
La reglamentación, también conocida como la reglamentación del cargo público, fue publicada en el registro federal el lunes por la mañana con la siguiente mención: “Mientras algunos comentaristas respaldaron la reglamentación, la amplia mayoría de los comentaristas se opuso a ella”.
Esta reglamentación ha sido prioridad absoluta para Stephen Miller, arquitecto de la agenda de inmigración del presidente Donald Trump, quien la considera como el cambio más significativo en materia de reglamentaciones que han alentado a los migrantes para ir a Estados Unidos.
En repetidas oportunidades, Miller presionó a los funcionarios de la administración para terminar la reglamentación, diciéndoles en un punto, a sus colegas, que quería que no trabajaran en otra cosa que la reglamentación del cargo público hasta que estuviera terminada.
Francis Cissna, ex director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., se resistía a acelerar la terminación de la reglamentación. Entonces, Cissna fue reemplazado por Ken Cuccinelli, un partidario de la línea dura en inmigración que comparte el punto de vista de Miller en cuanto a que los inmigrantes son una pérdida para los dólares de los contribuyentes.