El general César Milani, ex jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner y absuelto este viernes en La Rioja por el secuestro y torturas de Pedro y Ramón Olivera
en 1977, aún debe enfrentar otro juicio por supuestas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Se trata del secuestro del soldado Alfredo Agapito Ledo, desaparecido en Tucumán en 1976. El militar, acusado también de haber comandado un aparato de inteligencia ilegal desde su oficina en el Edificio Libertador, además tiene otro proceso penal pendiente: el que lo acusa por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública.
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En enero de 1976, el joven Ledo entró al Ejército para hacer el servicio militar en La Rioja. En mayo, lo trasladaron a Tucumán, supuestamente para refaccionar una escuela en Monteros. La noche del 17 de junio sale al monte para hacer un operativo junto con otros soldados y al mando del capitán Sanguinetti, más otros jefes militares, entre los que se cree estaba César Milani. Ledo no regresó más al Regimiento. Cuando su madre Marcela fue a visitarlo, el 4 de julio, le dijeron que Agapito había “desertado”.
Marcela hizo la denuncia del secuestro cuando Argentina recuperó la democracia. El caso avanzó lentamente hasta agosto del 2013, cuando fue procesado el capitán Esteban Sanguinetti. El 14 de febrero de 2017, Milani fue procesado en Tucumán por el caso Ledo, acusado de
encubrir el crimen del colimba y de falsificar documentación, ya que al soldado se lo hizo pasar como desertor.
El juicio oral contra Milani por el caso Ledo comenzará el 12 de septiembre en Tucumán.
Por otra parte, el general fue acusado en 2013 por enriquecimiento ilícito, en una causa que tramita en los tribunales federales porteños. El juez Daniel Rafecas lo procesó en diciembre de 2016, tras convalidar la conclusión de un peritaje oficial que dio por probado que Milani no justificó la compra en junio de 2010 de una casa de 1.150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1,5 millón de pesos. El ex jefe del Ejército no pudo explicar el origen de al menos la mitad de ese monto.
En septiembre de 2017, Rafecas cerró la investigación y la elevó a juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio.