Tras la feria judicial, este jueves se reinició el juicio contra Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray por defraudación agravada, por la deuda de la empresa Oil Combustibles con
el Fisco durante el último gobierno kirchnerista. La audiencia inició las indagatorias de los acusados, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue el primero en declarar. “No cometí ningún fraude”, afirmó el ex funcionario.
“No tuve ni siquiera una reunión con estos señores -López y De Sousa- por un plan de pagos” de su millonaria deuda por no haber liquidado correctamente los montos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que retenía Oil en sus estaciones de servicio entre mayo de 2013 y agosto de 2015. “Yo no trato con estos señores. Ni López ni De Sousa ingresaron a mi casa ni les di audiencia en AFIP. No estamos conociendo acá, en esta desgracia injusta.”
“¿Diagramé un plan sin verlos, por telepatía, por Internet? Busquen, no hay nada”, desafió Echegaray. “Es una locura pensar que hacés un plan para beneficiar a dos personas”, insistió ante los jueces del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.
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El ex jefe del ente recaudador, que también está procesado en otra causa por una supuesta ayuda irregular a la imprenta Ciccone tras su toma de control por parte de los testaferros del ex presidente Amado Boudou, dijo ser “blanco de una persecución política con ropaje judicial”. “A pesar de la muerte civil que me decretó el juez Ercolini, si ven mi legajo y mi vida, salvo la denuncia que nos hizo esta señora -la diputada Elisa Carrió, iniciadora de la causa- o los malandras, nunca cometí delito”, se quejó.
Según la acusación formulada por la conducción actual de la AFIP en su rol de querellante, durante la instrucción de la causa se “corroboró la maniobra de corrupción por la cual desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la nación, encabezados por el titular del organismo, Ricardo Echegaray, defraudaron a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (en adelante ICL) de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.
Esta cifra se acotó ya que el juicio toma como período fiscal para la imputación desde mayo de 2013 a agosto de 2015. Según el informe pericial ingresado a TOF 3, la deuda devengada impaga durante dicho periodo arroja una deuda capital de 4.200 millones de pesos, y los intereses ascienden a 6.000 millones de pesos. Por ello, en el Marco de la demanda civil que es parte del juicio y con la que se busca resarcir el daño ocasionado, el organismo recaudador reclamará al empresario K más de 10.000 millones de pesos.
Después de un racconto histórico de su paso por la función pública, Echegaray negó haber cometido algún delito, y enseguida inició su contragolpe: “espero se me escuche en serio, porque si uno mirara que tenemos una pericia, no hay acción para continuar“, lanzó.
En este expediente, que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“.
Echegaray fue procesado por Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa están acusados como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, según determinó la Justicia.
Hubo distintos momentos claros en la causa: el primero en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que Ercolini consideró una “estructura societaria para el fraude”. Después comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.