En la actualidad, más de 12 mil personas se encuentran internadas por motivos de salud mental en la Argentina y el promedio de tiempo de internación es de 8 años, según
se desprende de los resultados preliminares que arrojó el 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que llevó a cabo la Secretaría de de Gobierno de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El relevamiento –que se inscribe dentro de lo establecido en el art. 35 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657–, se realizó durante el año 2018 y 2019 e incluyó a todas las instituciones públicas y privadas con internación monovalente del país. En total se censaron 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público.
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La misma ley exige que los hospitales monovalentes dejen de existir en el país, es decir, que se conviertan en hospitales generalistas en los que la internación psiquiátrica sea una de sus especialidades. Sin embargo, según publicó Clarín en junio, se avanzó muy poco al respecto. El plazo vence a fin de año.
Los principales resultados indican que de las 12.035 personas internadas por motivos de salud mental, la mitad de ellas se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia los 8,2 años: 12,5 años en el sector público y de 4,2 en el sector privado.
En cuanto a las características de la población internada, la media de edad fue de 50 años y el rango fue de 37 a 63 años. El mínimo registrado de edad es de 7 años y el máximo, de 96. En lo que respecta a la identidad de género: el 49,1% se identificó como masculino; el 45,4% como femenina; el 0,5% intersexual; el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina y trans masculino.
Otros de los aspectos censados fueron la situación económica y de vivienda de las personas internadas. El 68,8% manifestó tener ingresos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% de las personas internadas dijeron tener vivienda, pero sólo el 74% de estas aseguró poder disponer de la misma.
Con respecto a la cobertura de salud, el 21% de la población internada manifestó tener cobertura pública exclusiva. El 53,6 tiene cobertura de obra social; el 12,6% refiere que tiene un plan estatal; el 8% prepaga y el resto tiene alguna tramitación en curso o no refiere datos.
El censo también tuvo un apartado para establecer si las personas internadas tuvieron acceso a distintos canales de comunicación y realización de salidas. En ese sentido, el 41,6% de las personas dijo poder realizar llamadas telefónicas y el 34,1 % no recibió visitas. Aunque el 40,4% de las personas refirió no hacer salidas en el último mes, ya sea solo o acompañado.
La información se recabó en 21 jurisdicciones y en esta etapa no se incluyeron las provincias de Santa Cruz; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Formosa por no contar con instituciones monovalentes.
PS