El Gobierno tiene decidido convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la segunda quincena de agosto.
El año pasado la reunión del Consejo fue el 8 de
agosto y aprobó un aumento del salario mínimo y de la prestación por desempleo.
La reunión tendrá lugar después de las PASO del 11 de agosto. En el Gobierno consideran que no era conveniente que se celebrara pocos días antes de las Primarias por temor a la falta de acuerdo entre los empresarios y sindicalistas. Y eso obligaría al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, como pasó en los últimos años con Jorge Triaca, a laudar en un tema por demás sensible, sin dejar conforme a ninguna de las partes.
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En el Gobierno dicen que este año las primeras paritarias arrancaron con un piso del 23%, en cuotas. Ante la mayor inflación, en febrero rondaron el 26% y entre mayo y junio subieron al 30%, con cláusulas de revisión. Sobre esa base consideran que el salario mínimo debería aumentar entre 26 y 30% en varios tramos.
Actualmente el salario mínimo es de $ 12.500 o de $ 62,50 la hora para los jornalizados. Pasó de $9.500 en junio de 2018 a $ 10.000 entre julio y agosto, a $ 10.700 entre septiembre y noviembre, a $ 11.300 hasta febrero y a $ 12.500 hasta junio. Y la prestación por desempleo parte de un mínimo de $ 2.907,53 y un máximo de $ 4.652,06.
En tanto cobran la prestación por desempleo por un tiempo limitado -entre 2 y 12 meses, según la antigüedad que tuvo el trabajador registrado en la empresa que lo despidió en base a los aportes hechos a la Seguridad Social- unos 115.000 despedidos “sin causa” atribuible al trabajador. Los últimos datos oficiales marcan que pasaron a cobrar este beneficio entre 10.000 y 12.000 por mes.
En base a estas cifras, en 12 meses esas prestaciones tuvieron un incremento del 31,6%. Por ejemplo, el salario mínimo subió de $ 9.500 a $ 12.500. A junio, la inflación de los últimos 12 meses fue del 55,8%, según el INDEC: son 24,2 puntos por debajo de la inflación, equivalente a una pérdida real del 15,5%. En relación al valor de la canasta de pobreza, que aumentó el 58,9%, la pérdida es del 18.1%. En ambos casos, la pérdida supera la que sufrieron el resto de los trabajadores.
En consecuencia un amplio sector de gente con trabajo estaría por debajo de la línea de pobreza porque el salario mínimo, menos los descuentos de ley (jubilación y salud) más las asignaciones por hijo no cubren el costo de la canasta familiar de pobreza del INDEC, valuada en $ 31.148.
El Consejo está integrado en partes similares por 16 representantes de los empresarios ( como UIA, Camara Argentina de Comercio, rurales, entre otros) y 16 de los trabajadores ( CGT y en menor medida la CTA). Las decisiones se toman por mayoría de dos tercios. Si no se logra esa mayoría en dos sesiones, su presidente –el Ministro de Producción y Trabajo- decide “con fuerza de laudo” los puntos en controversia. Es lo que pasó, por ejemplo, el año pasado.
Se estima que el salario mínimo incide en forma directa sobre unos 500.000 trabajadores registrados “fuera de convenio” y sobre un amplio número de trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese mínimo. Los asalariados informales del sector privado ascienden al 35% del total: suman 4,7 millones, de acuerdo a los últimos datos del INDEC.