La Justicia ordenó investigar a Leandro Báez el menor de los hijos varones del empresario K, por un faltante de un millón y medio de dólares. La causa recayó en el
juzgado de María Servini,el expediente inició a raíz de una denuncia realizada por el fiscal ante el Tribunal Abel Córdoba -quien había pedido la detención-. Es por una operación comercial realizada con la venta de lana de ovejas cuando no podía realizarlas por el embargo e inhibiciones que pesaban sobre las cuentas de la familia Báez.
La situación no es sencilla para Leandro. Su hermano Martín quedó detenido justamente por violar las medidas cautelares e inhibitorias impuestas sobre sus bienes.
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El encargado de intimar a Leandro para que explique el faltante de 1,5 millón de dólares de una empresa intervenida por la Justicia fue el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lleva adelante el juicio por lavado de “la ruta del dinero K”.Este dinero corresponde a una venta de lana que se “habría realizado en negro”, según la Justicia, para evitar “controles”.
En total habrían sido 250.000 kilos de lana entre enero de 2016 y fines de 2018.
El dinero aún no fue reintegrado y se ordenó iniciar una causa al respecto. Así, se complica la situación de Leandro Báez quien tuvo un pedido de detención del fiscal Córdoba, algo que por ahora fue rechazado por el Tribunal, pero se requirió que la maniobra sea investigada, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
La estancia Cruz Aike de la familia Baéz donde criaba ovejas para la venta de lana.
La familia Báez está siendo juzgada por lavado de dinero. El juez Sebastián Casanello, que junto al fiscal Guillermo Marijuan llevó adelante la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, encontró a Lázaro y sus hijos responsables del blanqueo de 60 millones de dólares en tan sólo tres años.
Báez que ya cumplió tres años en prisión y comparte pabellón con su hijo Martín, que quedó detenido por violar el embargo de 600 millones de dólares y la inhibición de bienes junto al congelamiento de cuentas bancarias. El hijo del contratista K autorizó el movimiento de cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa y se ordenó su prisión preventiva.
Su hermano Leandro, el de las ovejas, fue intimado por la interventora de la empresa Austral Agro, Susana Inés Santrasola, quien detectó el faltante de dinero que correspondería a la venta de lana.
Para la interventora, los Báez poseen aún “influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.
El TOF intervino Austral Agro ante la falta de colaboración de Leandro Báez. Lo acusó de estar ante una “grave maniobra de sustracción de un cuantioso volumen de lana de las arcas de la empresa que debe ser investigado, toda vez que se estarían eludiendo las medidas restrictivas que pesan sobre la compañía o vaciando a la misma de su capital”.
Para el fiscal persiste el “riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga” por parte de los Báez que tuvieron intervención en la toma de decisiones del holding.
En el informe que la interventora envió a la Justicia, explica que la lana se habría vendido a los “proveedores habituales” y sospecha que alguna “estancia vecina actuó como facilitadora”.
Los abogados de Báez habrían dicho que las maniobras de venta de lana se realizaron para pagar sueldo y compromisos de las empresas del empresario preso, pero la interventora de la compañía aseguró lo que se adeudaba “fue abonado por esta intervención”.