El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también expresó su preocupación por la decisión del juez Alejo Ramos Padilla de indagar al periodista
de Clarín Daniel Santoro, e instó a las autoridades judiciales argentinas a respetar la reserva de las fuentes periodísticas. Así el prestigioso CPJ se sumó a la preocupación expresada por el Relator Especial para la libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, ADEPA, FOPEA, 35 empresarios de primer nivel, y más de 400 periodistas de toda América Latina, entre otras manifestaciones de solidaridad con el periodista de investigación.
En un comunicado del CPJ se explicó que el juzgado expidió la citación luego de recibir una lista el 9 de mayo con “detalles de todas las llamadas entrantes y salientes” del teléfono de Santoro entre enero de 2016 y abril de 2019, cuya entrega se ordenó a la empresa de telecomunicaciones Telefónica Móviles Argentina, SA (Movistar)”.
Mientras el juez Ramos Padilla abrió hoy un incidente en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio para decidir si anula su orden de pedir las llamadas de Santoro y destruirlas para así proteger a sus fuentes de información, tal como lo consagra el artículo 43 de la Constitución Argentina.
Santoro explicó que “no se trata de ocultar pruebas” a la Justicia sino de proteger a los informantes que en los últimos tres años le dieron información a cambio del anonimato y si se hace público ese informe “se expondrían a perder sus trabajos y eventual exponer su integridad física, entre otras consecuencias”.
Los abogados de Santoro, Mauricio De Nuñez, y Guido Sciaretta, apoyan el pedido de nulidad en jurisprudencia producidas en los llamados casos del ex corresponsal del Financial Times Thomas Catan y del periodista Matías Longoni a quienes jueces de instrucción o abogados querellantes habían pedido sus llamadas telefónicas como prueba en sendas causas judiciales. Pero la sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Martín Irurzun y Horacio Cattani, en un fallo histórico, los rechazó al extender la protección del nombre de las fuentes a las comunicaciones, apuntes y documentos de trabajo de los periodistas y así defender la libertad de investigación y expresión.
“Al citar a Daniel Santoro a declarar en el juzgado y al obtener la lista de sus llamadas, las autoridades argentinas están enviando un alarmante mensaje al gremio periodístico nacional“, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Estas acciones ponen en peligro el principio de la reserva de las fuentes periodísticas, uno de los pilares de la libertad de prensa”, agregó Southwick.
El jueves en Dolores, durante una indagatoria que duró cinco horas, Santoro ratificó que no participó en operaciones de inteligencia ni integró una banda dedicada a la para inteligencia estatal, al declarar ante Ramos Padilla y el fiscal Juan Pablo Curri. Santoro, quien no fue imputado por el fiscal sino por los empresarios Pedro Etchebest y Mario Cifuentes, afirmó que “D’Alessio utilizó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar”. No obstante, aclaró que “el juez no me pidió revelar fuentes”. Santoro contó que “el doctor (por Ramos Padilla) me mostró los chats de Marcelo D’Alessio (el falso abogado detenido en la causa) que a mi criterio no constituyen de parte mía participación en operaciones de inteligencia o integrar una banda dedicada a la parainteligencia estatal”.
fuente clarin