El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este martes dictamen de mayoría en la comisión de Legislación Penal para el proyecto de “juicio en ausencia“, una herramienta que se podría
aplicar en el caso del impune atentado a la AMIA, del que se cumplirán 25 años el próximo jueves.
El juicio en ausencia es un instituto legal que se aplicaría en aquellas situaciones en las que un imputado no se presentase frente a la justicia, sea por rebeldía, por fuga o paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo, se indicó.
Este jueves se cumplen 25 del ataque a la mutual judía.
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El proyecto de ley busca reglamentar el juicio en ausencia para los casos de delitos graves contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y también para delitos perpetrados por el crimen organizado, como el narcotráfico.
Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) consiguió el dictamen con las firmas del PRO y la UCR y las disidencias parciales de la Coalición Cívica y del peronismo cordobés, en tanto el Frente para la Victoria se expresó en contra.
Al comienzo de la reunión, la radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión, expresó que “el proyecto busca terminar con la impunidad de los graves crímenes contra la humanidad ocurridos en nuestra sociedad, cumpliendo con el mandato internacional de investigar y sancionar a los culpables de tales crímenes, sin menoscabar las garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos”.
“En lo que se refiere al crimen organizado, se busca reforzar las herramientas con las que cuenta la Justicia para facilitar la investigación, el juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada y transaccional”, agregó.
Para disipar algunos cuestionamientos aclaró que “las garantías judiciales principales son reconocidas por la Constitución Nacional y por los Tratados de Derechos Humanos. Aquellos derechos reconocidos procuran que nadie sea privado de acceder a aquellos”.
“Cuando quien comete un delito tan grave como los contemplados en el proyecto decide no hacerse presente y eludir la Justicia, se vulnera el debido proceso y el derecho de las víctimas a tener justicia. Estar ausente no puede impedir el avance de la Justicia“, remarcó.
El dictamen se logró en base al consenso de cuatro iniciativas presentadas por los Daniel Lipovetzky (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enriquez (PRO)y Luis Petri (UCR).
Para Lipovetzki se trata de “un instrumento que se le está dando al Poder Judicial para luchar contra la impunidad”.
El atentado a la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Petri, en tanto, aseveró: “Vamos a firmar con las dos manos este proyecto porque es una deuda que el Estado tiene con las víctimas de la AMIA y de toda la sociedad argentina”.
Desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto explicó la firma en disidencia de su bloque por considerar, entre otras cuestiones, que “el juicio en ausencia tiene que ser la excepción a la regla” y que intentarán que sus propuestas sean consideradas antes de que el proyecto se vote en el recinto.
El kirchnerista Rodolfo Tahilade consideró al proyecto como “un disparate que raya lo mamarracho” y cuestionó el cambio de tres diputados radicales que integraban la comisión por otros nuevos, horas antes del inicio de la reunión de este martes.
Dijo también que “sólo se realizó una reunión sobre el tema en mayo a la que asistieron funcionarios sin que se permitiera ese día el debate de los diputados, una reunión informativa o de propaganda”.
Con el dictamen firmado este martes el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por el plenario de la Cámara, aunque las disidencias parciales presentadas y los cuestionamientos de la mayoría de los opositores no son señales de pronto tratamiento.