La saga amenazaba con una polémica institucional en la Provincia. Hace un par de semanas, ante una audiencia de magistrados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De
Lázzari, advirtió sobre “causas armadas” y “abuso del proceso penal” en el fuero federal, con riesgo de traslado al ámbito bonaerense.
La vehemencia de esos dichos trascendieron hasta el nivel más alto de la Gobernación. El domingo María Eugenia Vidal recomendó al ministro del tribunal presentar evidencias de esos comportamientos en la Justicia. La controversia escalaba más allá de lo recomendable. En pleno proceso electoral, todo resulta de sensibilidad absoluta. Tal vez, percibiendo la tonalidad política de la controversia, este lunes De Lázzari intentó atenuar los efectos de la relación con el Ejecutivo.
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A través de un texto de la presidencia, explicó el ámbito y las circunstancias de sus declaraciones: “Se trató de una reunión con más de cien jueces penales de la Provincia, el 28 de junio pasado, en la que se debatieron cuestiones propias del fuero, análoga a las que el Presidente mantiene habitualmente con jueces civiles, laborales, de familia, jueces de paz, camaristas, etc., en donde se analiza la problemática respectiva”, aclara el documento.
¿Qué había manifestado De Lázzari en aquel encuentro? “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados”. Fue una de las consideraciones en el transcurso del acto inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el municipio de Campana.
Allí, también involucró a “miembros del Ministerio Público, que terminan por generar un panorama absolutamente preocupante”. En la misma cuerda de cuestionamiento, De Lázzari mencionó en la oportunidad el “crecimiento exponencial de denuncias contra magistrados, frente al disconformismo por un fallo, y al absurdo de tener que conformar procesos de enjuiciamientos de los cuales muchos son desestimados”.
Las formas en que transcurrieron los hechos determinó una apreciación de la propia gobernadora. “Si hay un delito de corrupción en mi gobierno, tengo que denunciar a quien sea si no yo soy cómplice. Si el presidente de la Corte sabe que hay persecución y causas armadas lo tiene que denunciar. Cuando uno tiene estos niveles de responsabilidad tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”, dijo Vidal en el programa del periodista Luis Novaresio.
Según la definición de De Lázzari en este mediodía del lunes, siempre se buscó advertir que “comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal”. Se refiere al avance de la causa de espionaje y extorsión que tramita el juez Alejo Ramos Padilla.
“No obstante, ante expresiones que ligeramente califican su actitud (en alusión a De Lázzari) , deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal”, agrega el comunicado.
“De igual modo –continúa la declaración- a la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, las que inmediatamente de recibidas por el Presidente fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General”. “También al caso de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados, cuyo juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el próximo 26 de agosto”, completa la observación del presidente de la Suprema Corte bonaerense.
Llegada a esta instancia, la polémica podía determinar otras derivaciones. El Consejo Federal de política Criminal, presidido por Luis Cevasco, fue el último ámbito institucional en aportar a la discusión. Este cuerpo está integrado por Procuradores y Fiscales Generales del país e intervienen con este comunicado: “Ante las declaraciones (de De Lázzari) donde pone en tela de juicio de manera genérica la honestidad, laboriosidad e imparcialidad de jueces y fiscales del ámbito federal y de esa Provincia, que no identifica, y emite juicio sobre casos no sometidos a su conocimiento, importa una falta de respeto”. La ofensa, de acuerdo con el paper, es contra “los/las colegas que diariamente ejercen con dignidad la función judicial, especialmente los de la provincia de Buenos Aires donde la carga de trabajo es desproporcionada para las estructuras existentes y las remuneraciones atrasadas”.
En el párrafo más consistente, firmado por Cevasco, señala “la injerencia” de De Lázzari “respecto de casos e investigaciones cuyo conocimiento profundo desconoce por ser ajenos a su competencia”.