Lo dijo, trascendió en un medio cercano al kirchnerismo, causó una dura controversia en la que se enfrentaron fiscales provinciales y nacionales, lo usó Cristina para su campaña electoral, le contestó
la gobernadora Vidal y este lunes intentó desandar sus pasos: el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, había dicho en un encuentro de jueces que existen “causas armadas artificialmente”, “abuso de arrepentidos” y “fallos mediáticos”. Apuntó contra Comodoro Py, pero advirtió que ese escandaloso panorama “muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia”. Ahora deberá explayarse ante la justicia.
Más allá del cruce de declaraciones, apologías y rechazos a las palabras de De Lázzari –“profundo malestar y rechazo” de la Asociación de Fiscales nacionales, respaldo de la Asociación de Magistrados de La Plata- el procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, firmó este lunes por la tarde la primera respuesta formal ante aquel estiletazo: con la nota 53649, pidió que envíen una copia de las declaraciones del actual presidente de la Corte bonarense a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración,“a fin de dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, doctor Héctor Vogliolo”. Es decir, que la justicia investigue si las graves palabras del juez supremo tienen algún asidero.
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Otra copia del discurso de De Lázzari fue remitida a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, para averiguar si algún funcionario o empleado del Ministerio Público provincial tiene conocimiento de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos. En ese expediente interno serán citadas varias de las personas que en estos días respaldaron las palabras del magistrado.
Todo comenzó el 29 de junio en el acto inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se hizo en Campana.
Sorpresivamente, en su discurso como titular de la Corte -en la Provincia ese cargo es rotativo por el término de un año- se despachó fuerte: “estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados”.
Semejante acusación fue utilizada de inmediato por Cristina Kirchner como una nueva perla en el collar de supuestos hechos de persecución judicial en su contra. La gobernadora respondió con frías declaraciones televisivas el domingo.
El lunes retomó la la palabra De Lázzari, quien buscó “aclarar” sus dichos. Según su última versión, sólo buscó advertir que con el caso de espionaje ilegal comandado por el falso abogado Marcelo D’Alessio y la acusación contra el fiscal de Mercedes Juan Bidone se estarían replicando en la Provincia supuestos males habituales en la justicia federal.
Pero la inocencia no es un atributo habitual en los tribunales. De Lazzari llegó a la Corte de la mano del ex gobernador Duhalde, de quien también fue funcionario. Y sus palabras habrían buscado llegar al juzgado de Lomas de Zamora en el que esta misma semana podría ser admitido como arrepentido el ex barra de Independiente Pablo “Bebote” Alvarez. Su testimonio y una montaña de pruebas agravarían fuerte la situación de Pablo Moyano en ese expediente.
Cosas de la vida: Madrid reemplazó al suspendido juez Luis Carzoglio, pieza clave del ecosistema judicial del Conurbano montado en los años 90. Detrás de los dos abogados que firman los escritos de su defensa, el demiurgo de esa estrategia es el doctor Duhalde.