La Cámara de Diputados de Brasil inició la sesión que, según se espera, dará el primer paso para aprobar una propuesta de reforma del sistema previsional que busca establecer una edad
mínima para acceder a la jubilación de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, y cambia la forma de calcular el beneficio, medidas que permitirán un ahorro fiscal de 240.000 millones de dólares en una década.
El proyecto de reforma tratado en la Cámara de Diputados realizó cambios de fondo a la propuesta original que el presidente Jair Bolsonaro llevó al Congreso en febrero.
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Entre los más relevantes, retiró la posibilidad de crear un régimen de capitalización que reemplazaría al actual sistema de reparto y excluyó de la reforma a las cajas jubilatorias de las 27 unidades federativas en las que se divide Brasil, además de las de los más de 5.000 municipios. Esos cambios provocaron una disminución del ahorro proyectado de unos 75.000 millones de dólares.
Nuevos cambios podrían ser introducidos en la votación en particular, sobre todo en lo que hace a la flexibilización de las reglas jubilatorias para policías, una demanda de la poderosa “bancada de la bala”, como se llama a los numerosos legisladores que defienden la mano de hierro en el combate al delito y abogan por derechos de agentes de seguridad.
La nueva seguridad social de Brasil, de ser aprobada, tendrá un tiempo mínimo de aportes para acceder al beneficio de la jubilación de 20 años para hombres y 15 para las mujeres que trabajen en el sector privado, mientras que para los empleados públicos será de 25 años.
Tras un período de transición de hasta 14 años, se eliminará la posibilidad de jubilarse apenas con un determinado tiempo de aportes, situación que permite que en Brasil exista una gran cantidad de jubilados con entre 50 y 57 años.
Docentes, policías federales y agentes penitenciarios tendrán reglas diferenciadas, y la “bancada de la bala” intentaba extender los beneficios también a las policías de carreteras y civiles, entre otros.
Uno de los cambios más relevantes que introduce la reforma es el del cálculo del beneficio jubilatorio, que hasta ahora se basa en un promedio que descarta el 20% de los salarios más bajos. Con la reforma, ese cálculo se hará en base a todos los aportes, incluso el de los salarios menores, lo que recortará jubilaciones futuras.
La llamada integralidad de las jubilaciones también sufrirá cambios: con la reforma, una persona recibirá una jubilación equivalente a 60% de su último salario con 20 años de aportes, que subirá 2 puntos porcentuales por año aportado. Para recibir jubilaciones iguales al último salario, un trabajador necesitará 40 años de aportes.
La bancada de legisladores que defiende los intereses de los productores agropecuarios, llamada “bancada del buey”, con el apoyo de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, logró que el acceso a las jubilaciones rurales requiera una edad mínima de 55 años para mujeres y 60 para hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años.
La aprobación de los cambios en la seguridad social, según funcionarios del gobierno y congresistas alineados con las ideas liberales que promueve el ministro de Economía Paulo Guedes, corregirá la explosiva trayectoria de expansión del endeudamiento público y promoverá una intensificación de reformas que buscan reanimar la estancada economía de Brasil.
Entre esos cambios previstos, que serán tratados en el segundo semestre del año, se incluyen reformas del sistema tributario para bajar la carga impositiva, modificaciones en el esquema de coparticipación, privatizaciones masivas, y una disminución de obstáculos regulatorios para mejorar el ambiente de negocios y facilitar inversiones.
El gobierno y las autoridades del Congreso esperan un margen cómodo para aprobar la primera de las cuatro votaciones necesarias –dos en cada cámara del Congreso- para cambiar el sistema jubilatorio.
Por tratarse de una enmienda constitucional, además de requerir dos votaciones en Diputados y en el Senado, la ley dispone que su aprobación necesita mayoría calificada, de tres quintos de cada cámara.
“Llegó la hora de votar el proyecto de la nueva seguridad social. El país envejeció, felizmente estamos viviendo más. Entonces tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades”, aseguró la diputada oficialista Bia Kicis.
Brasil es uno de los pocos países en el mundo cuyo sistema jubilatorio no tiene una edad mínima para jubilarse.
“Esta reforma es importante para que Brasil crezca 2% , 2,5% por varios años seguidos”, dijo el economista jefe de la gestora de fondos Rio Bravo, Evandro Buccini.
La sesión para tratar la reforma, que el gobierno declaró prioritaria y la presentó como el paso inicial para una recuperación económica, se realizó tras la distribución entre legisladores de enmiendas presupuestarias por unos 263 millones de dólares, de modo de asegurar la fidelidad de diputados al proyecto a cambio de que puedan dirigir más recursos para proyectos en sus reductos electorales.
Como la cifra no fue suficiente para algunos legisladores, que además levantaron dudas sobre el efectivo cumplimiento de las promesas gubernamentales, el inicio de los debates fue facilitado por la decisión de autorizar enmiendas para que diputados usen el equivalente a 5,2 millones de dólares para financiar obras de su interés en sus distritos.
Esa práctica, común en Brasil en todos los gobiernos de la redemocratización del país en el 1985, fue ampliamente criticada por el presidente Jair Bolsonaro, quien la atribuía a una “vieja política” que prometió desterrar.
El mandatario explicó sin embargo que el otorgamiento de esas enmiendas estaba previsto y que todo se realizó en forma transparente. “Estamos solamente cumpliendo lo que la ley determina y nada más”, dijo.
En el plenario, diputados opositores se refirieron a esos procedimientos. “Este era un gobierno que se decía nuevo pero usa prácticas atrasadas. El juego de distribución de enmiendas está muy pesado”, bramó Gervasio Maia, legislador del Partido Socialista Brasileño (PSB).
La consultora local Caravelas, en un informe a sus clientes, dijo que el gobierno prometió “a cada diputado fiel un extra de 20 millones de reales” para obras, lo que se sumó a una previa liberación de enmiendas por 2.000 millones de reales.
“El problema es que la sed de algunos partidos en el Congreso no tiene fin. La presión es por inyectar más recursos. Cuanto más el gobierno promete, más los partidos centristas quieren”, indicó el reporte.
Muchos diputados, además, temían que pasada la votación el gobierno no honrase su palabra. “Por eso, las negociaciones, basadas en un ‘ayudame a ayudarte’ fueron tensas” y terminaron atrasando por algunas horas el inicio de la sesión, explicó Caravelas, especializada en análisis político y comunicación.
PB