En el 80% del país ya se utiliza el botón antipánico. Y sólo en la Ciudad, hay 7 mil dispositivos activos de los 23 mil que se entregaron en los últimos
ocho años, según confirma Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, referentes en la materia advierten que tiene que funcionar “como complemento a otras medidas de protección” porque solo no alcanza. La tobillera electrónica surge como otra herramienta a tener en cuenta ya que pone el foco en controlar al agresor y ubica como responsable de advertir y actuar en consecuencia al Estado y no a la víctima.
“El botón antipánico es una de las medidas de protección que da la Justicia y entrega la Policía. Es de jurisdicción provincial o municipal, por lo que la situación varía según cada caso”, explica Barone, que se ocupa de monitorear el panorama en cada provincia para diseñar políticas tendientes a la prevención y erradicación de violencia de género e intrafamiliar, por la que, según cuenta, ingresaron a través de comisarías 383.815 denuncias en 2018.
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El dispositivo electrónico debe estar en poder de la mujer. La idea es que lo accione en los casos en los que el agresor se aproxime o si se encuentra en peligro por alguna otra razón. Al hacerlo, se dispara un alerta a las fuerzas policiales. Con esta alarma, se busca acortar los tiempos de asistencia a la víctima. En la práctica, no siempre funciona como debería e incluso, en algunos casos, aunque la respuesta sea rápida, cuando la mujer lo acciona ya es tarde.
“Puede ser útil en la medida que se complemente con otros instrumentos de protección. Además, la efectividad depende mucho de las condiciones y la circunstancias en las que se encuentre la mujer. En general, cuanto más vulnerable resulta el entorno, menos eficaz es el recurso”, aporta Natalia Gherardi, abogada especialista en Género y directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
En esta misma línea destaca que “con el botón, la responsabilidad queda en manos de la mujer”. “Ella es la encargada de llevarlo y avisar que el agresor la acecha. En cambio, con las tobilleras electrónicas que le colocan a los victimarios, el controlado es el agresor y el encargado de proteger es el Estado”, agrega y remarca que hay que recurrir a “mecanismos variados y conminatorios” para que el cuidado de la víctima se tome con seriedad.
Gustavo Galante, secretario general de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, dice que en Capital el otorgamiento del botón suele estar acompañado de una perimetral y que se entrega en forma “instantánea”.
“La mujer lo tiene cuando toma contacto con el sistema judicial, lo solicita directamente la fiscalía siempre que lo considere necesario. A la víctima se le pide una foto suya y otra del imputado. También de los lugares a los que se puede querer acercar el agresor, como su vivienda o el trabajo. Todo ese material se envía junto al alerta cuando se activa el dispositivo. Sirve para que a los efectivos de la Policía les resulte más fácil llegar”, precisa Galante.
En la Ciudad, luego de una denuncia o un hecho de flagrancia vinculado con una situación de hostigamiento, amenazas, malos tratos o lesiones, la mujer es llevada a la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo. “Allí un equipo interdisciplinario, formado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, la entrevista y diagrama un informe de riesgo y un plan de acción, según el caso”, detalla Galante. Las tobilleras requieren de otros tiempos: “No son de carácter urgente como el botón, se adquieren por determinación del juez después de una audiencia”.
Según Fernanda Rodríguez, secretaria de Justicia de la Nación, ya fueron entregadas 600 tobilleras en el país. “Se coloca en situaciones de altísimo riesgo y funciona con un sistema de geolocalización. La mujer lleva en su poder un rastreador, similar a un teléfono, y el agresor tiene la pulsera electrónica en su pierna. Y así se puede saber si el victimario intenta aproximarse y actuar a tiempo. Nosotros entregamos las tobilleras y tenemos convenio con las provincias que se encargan de monitorear y dar respuesta”, sostiene Rodríguez. “La carga de protección ya no está en la mujer, como ocurre con el botón”, resalta. Y destaca que en 60 de esos 600 casos fueron alertados porque “hubo intenciones de incumplir la restricción”.