Mientras crece la condena mundial al régimen de Nicolás Maduro, en especial tras la difusión del durísimo informe de Naciones Unidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos
por parte del gobierno de Venezuela, los familiares del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado hasta morir el pasado 29 de junio, siguen esperando que les entreguen el cuerpo.
Así lo denunció la diputada Delsa Solórzano, quien estuvo horas esperando infructuosamente el jueves frente a las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A la vez, crece la inquietud por los otros seis agentes detenidos junto a Acosta Arévalo.
La diputada venezolana Delsa Solorzano, titular de la comisión de Justicia y Paz del Parlamento, con familiares de los militares detenidos. /AFP
La diputada es presidente de la Comisión parlamentaria de Justicia y Paz y acompaña a los familiares y abogados de los siete oficiales que fueron detenidos por presunta conspiración el pasado 21 de junio -justo cuando partía la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet– y a los que el gobierno de Maduro niega el acceso.
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Junto al fallecido capitán Acosta también fueron detenidos en un centro comercial de Guatire, cerca de Caracas, los generales de Brigada Miguel Sisco Mora y Ramón Lozada Saavedra, los coroneles Miguel Castillo Cedeño y Francisco Torres Escalona, y los comisarios Miguel Ibarreto y José Valladares del Cicpc (Cuerpo de Inteligencia Policial y Criminal).
El régimen detuvo a estos siete funcionarios por su presunta vinculación en la denominada operación Vuelvan Caras que según el gobierno estaba montado para los días 24 y 25 de junio contra Nicolás Maduro y otros altos cargos. Han sido fuertemente torturados en el DGCIM, según denunciaron sus familiares.
Zair Mundaray, fiscal del Ministerio Público en el exilio, informó los detalles en la autopsia practicada al capitán Acosta. “El militar presentó signos de torturas, en los que se especificó 16 costillas fracturadas, fractura del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, hematomas en la cara interna de los muslos, lesiones similares a latigazos en espalda y la parte posterior de los muslos, un pie fracturado, y pequeñas quemaduras en ambos pies de las que se presume electrocución”.
Se pudo conocer que el general Miguel Sisco ha sido trasladado desde el DGCIM de Boleita, norte de Caracas, a la policía militar del Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y el coronel Miguel Castillo Cedeño fue trasladado al anexo militar de la prisión común de La Pica en el estado Monagas, al sur del país.
El régimen no ha permitido el acceso de los familiares ni de sus abogados para conocer el estado de salud en que se encuentran los oficiales supuestamentetorturados. Tampoco han podido hacer la inspección la española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, destinada a seguir monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Hasta ahora, estos funcionarios de la ONU no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la DGCIM.
Caracas. Especial