El Gobierno planea subastar antes de fin de año frecuencias de cuarta generación (4G) de telefonía celular, con las que espera recaudar más de US$ 300 millones.
El anuncio
lo hizo Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, quien destacó que con esta medida buscan “incentivar las inversiones y los despliegues para que los operadores ofrezcan un servicio accesible y de calidad en cada rincón del país”.
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Las frecuencias son como rutas por donde circulan las comunicaciones móviles. Por eso, la subasta de frecuencias de telefonía celular permitirá ampliar el ancho de banda que tienen los prestadores, así como sumar nuevos operadores del servicio.
El plan del Gobierno es subastar 150 Megahertz (Mhz) entre los operadores nacionales y otros 20 Mhz a nivel regional. Esas frecuencias surgen tanto de la devolución de espectro radioeléctrico, por parte de Telecom, como de Arsat, a raíz de la devolución de 90 Mhz del grupo Vila-Manzano, luego de no pagar el precio acordado en la subasta realizada por el kirchnerismo a fines de 2014.
El Gobierno va a implementar dos metodologías: licitación, para asignar las frecuencias a los operadores nacionales, como Claro, Movistar y Personal, junto con aquellos ingresantes que quieran desembarcar en el país; y asignación a demanda, para prestadores regionales, donde se estima que participarán iPlan, Telecentro, cooperativas y prestadores estatales provinciales y municipales, entre otros.
Esta medida fue anunciada en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se realizó en la provincia de Córdoba, donde expuso Andrés Ibarra. Y se enmarca en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad que, entre otras iniciativas, obliga a los operadores a dar roaming y compartir su infraestructura en todas las rutas y pequeñas localidades del país.
Fuentes del Gobierno también destacaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ayer anuló una norma que ordenaba el traslado de antenas de telefonía celular y ratificó el control federal en el diseño de las comunicaciones.
Es que con el voto de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, en Salta, que disponía el traslado de antenas de telefonía celular ya instaladas y ordenó su traslado a 500 metros de la zona urbana. La Corte revocó esa decisión, pues se inmiscuye en un aspecto regulatorio de exclusiva competencia nacional.