La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó este martes a la jueza Marta Yáñez al frente de la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan —del cual se perdió
contacto en noviembre de 2017—, al rechazar un pedido de recusación de una querella.
El tribunal, instancia de apelación del Juzgado Federal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de Yáñez, decidió no hacer lugar a un planteo realizado por Luis Tagliapietra, querellante en la causa y padre de uno de los 44 tripulantes del buque, para que la magistrada fuera apartada del caso.
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El fallo de nueve páginas, al que accedió Télam, destacó “el serio perjuicio que acarrearía a todos los querellantes el apartamiento del magistrado que tomó intervención desde el inicio” de la investigación por “averiguación de delito”.
De ese modo, rechazó la recusación planteada el 16 de mayo pasado por Tagliapietra, quien entendió que la jueza había actuado con “manifiesta parcialidad” y “enemistad” respecto de su intervención personal y profesional.
“Yañez ha evidenciado enemistad manifiesta respecto de mi persona y como profesional en diversas oportunidades”, señaló el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del submarino que naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, hallado un año después a 907 metros de profundidad.
La jueza rechazó inicialmente la recusación y Tagliapietra decidió apelar, por lo que el caso quedó en manos de la Cámara, que confirmó el rechazo en un fallo unipersonal firmado por el presidente del tribunal, Javier Leal de Ibarra.
La decisión se conoció casi dos semanas después de la audiencia a la que fueron citados el fiscal Norberto Bellver, Tagliapietra y las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, representantes de otros querellantes, quienes no compartieron los cuestionamientos a Yáñez. El fallo rechazó las causales de “prejuzgamiento” y “enemistad” planteadas en el pedido de recusación.
En cuanto a los cuestionamientos a reuniones de la jueza con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y con autoridades de la Armada que podrían formar parte de la cadena de responsabilidades, el escrito señaló que “resulta casi imposible pretender que el juez instructor se mantenga abstemio de todo vínculo o contacto con la fuerza militar a la que pertenecía el submarino”.
Leal de Ibarra consideró además que “las constancias de la causa despejan dudas acerca de un accionar teñido por animadversión hacia” Tagliapietra.