Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) salieron a advertir sobre el futuro incierto del negocio a partir de una falencia del sistema que consideran medular. Argumentan que la baja en
la cantidad de litigios que se alcanzó en los útlimos dos años tras la reforma de la ley que regula al sector, podría revertirse en el corto plazo si no avanza la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), previstos en la ley.
Se trata de los profesionales de la salud que intervienen en el sistema y que deben seleccionarse “por concurso y especialización según lo establece una tabla de evaluación de incapacidades (Baremo)”. El punto de discordia es que la normativa prevé disociar el monto de los honorarios del porcentaje peritado y que los honorarios se fijen por el acto médico.
En este sentido, la Unión de Aseguradoras (UART) señaló en un comunicado que, ante la falta de estos cuerpos médicos “los peritos siguen cobrando honorarios en función del daño o del valor que determinan en su pericia, en lugar de hacerlo en función del trabajo realizado, tal como está previsto en la Reforma de la Ley”.
A partir de esta situación, la entidad advirtió que “la dilatada demora en la constitución de los cuerpos médicos por un lado puede revertir la baja de la litigiosidad, y además constituye un agravamiento significativo del stock de 300.000 juicios. Todo esto siembra una gran incertidumbre respecto del futuro del sistema”, indicó la UART.
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Según los datos que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2018, la litigiosidad laboral cayó 39,6% interanual. Desde el organismo también señalan que -en las provincias que adhirieron a la Ley 27.348- se verificó “una tendencia sostenida en la reducción de la cantidad de juicios iniciados”.
No obstante, en la aseguradoras insisten en que esos resultados podrían verse afectados por la falta de conformación de los nuevos cuerpos médicos. “Siguen valorando el daño según su propio criterio o haciendo una interpretación propia del Baremo. Integran un simple listado en los juzgados, al cual se accede libremente, sin consideración de antecedentes y sin especialización en el tema”, se quejó la UART.
Además, las aseguradoras advirtieron sobre las altas tasas de actualización de los juicios, que actualmente rondan el 70% anual, y no están incluidas en la tarifa de las compañías.
“Se calcula un sobrecosto de U$S 5000 millones, solo por el stock de juicios, pero a esto hay que ir adicionándole el flujo de los nuevos que vayan ingresando”, explicó la UART.
Se calcula que la población cubierta por el sistema de riesgos del trabajo llega a 9,8 millones de trabajadores y más de 1 millón de empleadores.