Seis años después de la mayor tragedia de Rosario, la explosión de un edificio por una pérdida de gas que provocó la muerte de 22 personas, la Justicia cerrará esta tarde
un largo proceso por el que once personas llegaron a ser juzgadas por su participación en el hecho. Tres gasistas, tres integrantes de la administradora de la propiedad ubicada en Salta 2141 y cinco empleados de la empresa Litoral Gas, fueron imputados por el delito de estrago culposo agravado.
El desastre de Rosario, en agosto de 2013.
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La máxima condena prevista por un episodio que dejó además de las víctimas más de 60 heridos y pérdidas económicas incalculables, es de cinco años de prisión efectiva. La querella, en representación del matrimonio Gianángelo, quienes perdieron en la tragedia a su hija Débora, solicitó esa pena para los once imputados.
La fiscalía, en cambio, pidió el sobreseimiento para uno de los gasistas privados que trabajaron en el edificio días antes de la explosión y para uno de los reclamistas de Litoral Gas. Consideró que no contribuyeron en la “cadena de negligencias” que derivaron en la explosión. Por ello busca que se llegue a una condene contra nueve de las personas acusadas.
La explosión ocurrió la mañana del 6 de agosto de 2013. Pero la secuencia que derivó en el deficiente cambio de una válvula se inició el 24 de julio, cuando una vecina del edificio reclamó por los problemas en la provisión de gas. Dos reclamistas de la firma Litoral Gas y un gasista privado observaron el inconveniente que presentaba la propiedad.
El tema fue informado a la administración del edificio, mientras personal de la empresa proveedora de gas volvió al lugar para evaluar la situación. Finalmente, tras una reunión de consorcio, se dispuso contratar a un gasista que en ese encuentro con los propietarios explicó que el cambio de regulador que se necesitaba realizar era “una boludez”.
Homenajes a las víctimas de Rosario. Foto: JUAN JOSE GARCIA
La tragedia se desató a las 9.38, luego de que el gasista Carlos García, junto a su ayudante Pablo Miño, trabajaran en la reparación sin cortar el paso de suministro de gas ni de energía eléctrica, y sin avisar del escape a los vecinos.
La querella y la fiscalía plantearon como parte de la teoría del caso que presentaron durante el juicio oral y público que no podía señalarse como únicos responsables a estos dos trabajadores. “Esta tragedia no es la causa de dos gasistas que estuvieron el 6 de agosto. Es una cadena de negligencias, de imprudencias, de infracciones al deber de cuidado y a las normativas”, concluyó el abogado de la querella, Angelo Rossini.
El comienzo de la demolición del edificio de Salta 2100, años atrás.
Además de García y Miño la querella pretende la pena máxima para un tercer gasista, José Ayala, para los administradores del consorcio Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli, y para los empleados de Litoral Gas Gerardo Bolaño, Claudio Tonucci, Guillermo Oller, Luis Curaba y Viviana Leegstra. La fiscalía concluyó que Bolaño y Ayala, quienes trabajaron días antes de la tragedia, no tuvieron responsabilidad en la explosión y pidió para ellos el sobreseimiento,sobreseí miento
La explosión en el complejo de departamentos ubicado en Salta 2141 provocó el derrumbe de una de las torres. Otras dos fueron demolidas y el lugar fue expropiado por el Estado. En ese terreno se levantará un edificio en el que convivirá un instituto de música y un memorial destinado a recordar a las víctimas de la tragedia y el episodio ocurrido en agosto de 2013.