La empresa funcionaba en el Área Material Córdoba de la Fuerza Aérea y se dedicaba a la producción de armas, bombas y municiones y la carga de explosivos. Desde hace tiempo
se encontraba sin actividad y en medio de un litigio judicial con el Estado por el terreno. Pero adentro escondía un arsenal: 808 bombas de 125 kilos y miles de municiones y piezas para su fabricación.
Los investigadores creen que ese material valuado en varios miles de dólares iba a ser vendido ilegalmente por los dueños de Talleres Armas Livianas Argentinas S.A. (TALA) a contrabandistas. Por esa razón es que el dueño de la empresa y su hijo, un funcionario del Ministerio de Defensa, y un militar integran la lista de los más de 20 detenidos en Argentina de la “Operación Palak”.
Entre las armas incautadas había una gran cantidad de fusiles. (GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI)
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Se trata de Arnaldo Cristóbal Bollati (75) y su hijo Diego Martín Bollati (48), coordinador de Contrataciones del Instituto Geográfico Nacional, un organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Los dos son dueños de TALA, que en su página de Facebook se presenta como una firma que desde 1948 se dedica “a la producción de armas, municiones y materiales de carácter esencialmente militares, para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas”. Aunque la planta estaba parada desde hace tiempo y en medio de una disputa con la Fuerza Aérea por la posesión de las instalaciones.
La sospecha es que los Bollati junto al suboficial del Ejército Argentino Julio César Palazzo (48) intentaban vender el arsenal sin declarar que guardaban en la planta a la banda de contrabandistas que traficaban armas desde Estados Unidos y Europa a Paraguay y Brasil vía Argentina, según dijeron a Clarín fuentes del caso.
Lo más escandaloso del caso es que, según la versión de los investigadores, Bollati hijo, abogado de profesión, habría intentado sacar provecho de su puesto y sus contactos en el Ministerio de Defensa para poder “colocar” el material en el mercado ilegal.
Investigan si los compradores de las bandas eran poderosas organizaciones criminales de Brasil. (GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI)
TALA no es la única empresa de los Bollati. El funcionario aparece en el directorio de otras dos empresas: Industria Militar S.A. e Industrias Bélicas Argentinas S.A.
Un antecedente parecido sobre la empresa TALA S.A. data de septiembre de 2004 cuando la Justicia descubrió que en la fábrica se almacenaban de manera irregular bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos. El arsenal estaba guardado sin custodia ni medidas de seguridad y la fábrica fue clausurada. En la actualidad, la Fuerza Aérea reclamaba el predio y, según pudo saber Clarín, las autoridades sabían lo que había dentro del depósito. Lo extraño es que nadie lo haya denunciado, tratándose de material sensible y que requiere de medidas de seguridad especiales.
En cuanto a Palazzo, además de su condición de militar, tendría participación en la red de contrabandistas a través de la armería La Victoria, ubicada en Juan Manuel de Rosas al 100 en Morón. Ese local fue uno de los puntos centrales en los allanamientos del martes durante la Operación Palak. Allí se encontraron fusiles automáticos AK-47 y Colt M4 calibre 5.56, entre otras armas de guerra.
Los allanamientos y las detenciones fueron parte de una segunda etapa de la investigación. La primera, conocida como “Arsenal Clandestino”, tuvo lugar en noviembre del año pasado cuando se secuestraron “más de 600 armas” que iban a ser “vendidas a organizaciones criminales de Brasil” y también estuvo a cargo del juez Pablo Yadarola.
Las pistas derivadas de ese caso e informes de inteligencia proporcionados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) derivaron en una segunda causa por contrabando de armas desde Estados Unidos y Europa hacia bandas narco de Brasil, a través de Argentina y Paraguay.
En esta segunda etapa de la investigación fueron detenidos además Alberto Eduardo Hart (54), Víctor Pablo Cata (57), Enrique Carlos Simoni (63, empleado de seguridad privada), Chu Lin (27, de nacionalidad china), Roberto Katzuni (73), Humberto Marcelo Patri (55), Maximiliano German Worzel (49), Adrián Abel Hormaza (48, empleado municipal de José C. Paz), Martín Leonardo Monteverde (57), Armando Domínguez (62), Ricardo Guillermo Deisernia (52) –alias “El Tuerto Richard” y dueño de un impresionante arsenal en su casa de Martínez–, Raúl Marcela Presa (54), Enrique Osvaldo Nanni (76), Enrique Marcelo Nanni (49), Luis Damián Ragusa (31) y el odontólogo bahiense Hernán Alberto Castillo (43), que atrás de su consultorio tenía 45 fusiles valuados en hasta 200 mil dólares.
En el caso también están implicados Roman Ragusa (55), su padre Osvaldo (82) y su hermano Flavio (51, ex empleado Gobierno porteño), quienes están acusados de enviar armas ocultas en micro a Eduardo Alberto Ramírez Cantero, de nacionalidad paraguaya, más conocido como “Matungo”, el presunto “nexo” de la banda con las organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).
En tanto, en Miami fueron detenidos John James Peterson (60) y Brunella Zuppone (67), de nacionalidad brasileña, quienes quedaron acusados de “tráfico de armas”.