La jueza María Edith Rodríguez notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que los medios locales y nacionales se abstengan de publicar imágenes del grupo folclórico Los Nocheros y de sus
miembros en forma individual, en el marco de la cobertura informativa de la causa por la que se encuentra detenido Lautaro Teruel, hijo de uno de los músicos de la banda. La resolución de la magistrada, del juzgado de Garantías 7 de Salta, generó preocupación en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que la consideró un intento judicial de censura.
Rodríguez ordenó también la eliminación de “todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, links, sitios, vínculos o motores de búsqueda” vinculados a la causa y que contengan imágenes o el nombre de cualquiera de los integrantes del grupo. ADEPA advirtió que “se trata de una resolución mordaza que configura claramente un intento de censura prohibido de manera expresa en nuestra Constitución”.
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Y agregó: “Esta interdicción constitucional no implica ausencia de responsabilidad ulterior ante eventuales perjuicios ocasionados por los medios. Pero la eventual defensa del derecho al honor, la intimidad o la imagen no pueden, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de las democracias modernas, cercenar la libertad de prensa y de expresión con una restricción que impide la difusión de información e ideas”.
Teruel está detenido en Alcaidía General de Salta, acusado de abuso sexual con acceso carnal continuado a una menor de 13 años. Hace unos días, tras conocerse una nueva denuncia por violación, renunció su abogado defensor Luciano Romano. El hijo del músico Mario Teruel podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión.
ADEPA también expresó que “prácticas habituales en casos vinculados al mundo del espectáculo como la notificación de la imposición de ‘bozales legales’ están en línea con la resolución de la jueza Rodríguez”. Y refirió a la jurisprudencia que reafirma la prohibición de la censura previa, con casos como “Lacroze de Fortabat c/Barone”, “Chamatrópulos c/La Gaceta”, “Pérez Arriaga c/Arte Gráfico Editorial Argentino SA” o “Servini de Cubría, María Romilda s/amparo”.
“Admitir la potestad de los jueces de decidir qué puede o no publicarse implicaría que estos dejaran de ser tales para transformarse en censores”, advirtió la entidad.