“Llevar al Instituto con todos los papeles al día es un trámite engorroso y complicado” dijo Oscar Parrilli en la Asamblea donde fue reelegido por un año más como presidente del
Patria, el espacio de formación política que fundó Cristina Kirchner cuando dejó la Casa Rosada. El ex funcionario habló de persecución del gobierno de Mauricio Macri hacia el espacio. Pero para la Inspección General de Justicia (IGJ) los números no son claros y falta explicar cómo llegaron a recaudar más de 4 millones de pesos en cuotas societarias, los bonos contribución y además, los valores en concepto de alquiler.
El espacio denominado Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana (PATRIA) vuelve a estar bajo sospecha para la IGJ que conduce Sergio Brodsky. Después de la presentación del balance 2018, el organismo que depende del ministerio de Justicia realizó una serie de observaciones porque consideraron que había números que no se explican con claridad.
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Uno de los principales ingresos del Patria es el que de las cuotas societarias, que fue producto de una disputa judicial. La IGJ consideró que el Instituto debía discriminar quiénes eran sus socios, es decir, quiénes financian el espacio. Parrilli señaló que esto era a fines persecutorios y logró un fallo en la Justicia que determinó que se debía respetar la reserva de dicha información.
La IGJ insiste en que el único fin es cumplir con “el rol de fiscalizador de la Inspección”, pese a que el Patria reiteró que todo responde al “afán de conocer la nómina de nuestros asociados”, lo cual “no obedece a sus facultades de fiscalización permanente”, sino “a la persecución política contra la entidad que representamos y sus asociados , lo que se evidencia a lo largo de todas las actuaciones”.
La Cámara Civil entendió que el registro de asociados del Instituto Patria responde al concepto de “datos sensibles”, y citando jurisprudencia prohibió su difusión por “el potencial discriminatorio que entrañaría la divulgación de estos fuera del ámbito de intimidad al que los somete su titular”. Los jueces añadieron que divulgar esa lista “podría alentar persecuciones o bien exclusiones provocadas por discriminaciones, estigmatizaciones propias de la intolerancia”.
Así, el “búnker” de Cristina Kirchner no deberá revelar quiénes lo financian, pero la IGJ quiere que se clarifiquen sus números.
Tal como contó Clarín en 2016, cuando obtuvo la personería jurídica, el instituto declaró ingresos por 2.367.232 pesos, de los cuales 1.280.140 pesos correspondían a cuotas sociales. Entonces había cuotas de 500 pesos para los socios activos, 1.000 para los plenos y 200 para los denominados benefactores.
En 2017, el PATRIA recibió 1.783.910 peso por cuotas de sus asociados, 251.000 en donaciones y más de 283.000 pesos por “eventos sociales”, entre otros ingresos.
En su balance de 2018 se volcaron cuotas societarias por 4.100.000 pesos. En función de estos números y con un listado de cuotas que van desde 2.000, 2.400, 2.100, 600 pesos, la IGJ pidió que Parrilli explique cuáles son las categorías de los socios.
También se pidió explicaciones sobre 174.416 pesos recibidos en concepto de bonos contribución y un convenio de cooperación por 808.938 pesos, sobre el cual se requirió la documentación respaldatoria.
El contrato de alquiler de la sede del Patria, en la calle Rodríguez Peña también se encuentra bajo análisis. En el ejercicio 2017 pagaron 1.263.522 pesos por el alquiler anual del inmueble donde funciona el espacio político de Cristina Kirchner.
Sólo un año atrás (ejercicio 2016), por dicho ítem el Patria había consignado en su memoria y balance 580.800 pesos, detallando que la entidad pagaba un alquiler mensual de 60.000 pesos más IVA, es decir 72.600 pesos. En función de lo volcado en el actual ejercicio surge un valor de 105.293 pesos, “lo que representa un incremento del 45%”, respecto al año anterior.
Pero durante 2018, este mismo concepto demandó una erogación de 2.200.000 millones. La IGJ requirió que se presente en el lapso de diez días hábiles el contrato que respalda esos únúmeros, “porque nunca se acercó pese a los anteriores pedidos” para conocer las condiciones en las que se celebró el alquiler del inmueble