El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, pronunció unas palabras al inaugurar las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, que constituyen un valioso mensaje a los jueces.Por Jorge Enriquez
Fue un discurso claro, sin términos altisonantes ni crípticos, ajeno a toda jerga profesional, que puede ser leído con provecho por cualquier ciudadano. Rosenkrantz no pretende ser original. Al contrario, repasa algunas nociones clásicas que integran el repertorio de conceptos jurídicos y políticos que surgen de la Constitución Nacional. Lo extraño es que hoy esas nociones están siendo desafiadas en muchos ámbitos judiciales y académicos, para los que el derecho es una arcilla que el intérprete puede manipular a su gusto.
¿Cuál es la virtud cardinal que deben encarnar los jueces?, se pregunta Rosenkrantz. Entiende que la respuesta no es difícil: “Somos jueces de un país que adoptó como forma de gobierno la democracia constitucional republicana y es esa forma de gobierno la que determina lo que los jueces debemos hacer”.
Como consecuencia de ese cometido constitucional, entendemos que la virtud cardinal de los jueces es la independencia, pero no se trata solamente de la independencia de intereses políticos, económicos, sectoriales y del poder de los poderosos. Hay otra independencia más difícil de lograr, sobre la que el Presidente de la Corte viene insistiendo en sus intervenciones públicas: “La independencia de nuestras propias convicciones políticas y valoraciones personales (.) Los jueces estamos siempre subordinados al derecho, inhibidos de cambiarlo, incluso cuando el derecho que nos toca aplicar no nos gusta”.
Sin embargo, en el país se esparce la idea de que no hay mucha diferencia entre aplicar el derecho y cambiarlo, entre aplicar el derecho y hacer política. Como consecuencia extrema de esa postura, se ha propuesto directamente prescindir del poder judicial y reemplazarlo por órganos políticos de representación popular.
En el mismo sentido, su par en la Corte Horacio Rosatti sostuvo en dichas Jornadas que “el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y afortunadamente no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales”. Expresó, asimismo: “El legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional”. Para asegurar esos límites, “los magistrados tenemos una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes”.
El ministro Ricardo Lorenzetti, por su parte, afirmó que las palabras de sus colegas representan la postura de toda la Corte y que querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes. No podría ser otra la postura de quien, junto a los restantes jueces de la Corte Suprema, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, declararon en el fallo “Rizzo” la inconstitucionalidad de las principales normas de las leyes que el kirchnerismo había sancionado bajo el cínico nombre de “democratización de la justicia”.
Estas palabras de los magistrados del más alto tribunal de la República nos devuelven el sentido común, hoy tan deteriorado por doctrinas y prácticas judiciales que, bajo el manto de un pretendido progresismo, esconden concepciones profundamente antidemocráticas y antirrepublicanas, como las expresadas por uno de los más notorios intelectuales del kirchnerismo, Mempo Giardinelli, cuando propuso eliminar el Poder Judicial y transformarlo en un mero servicio de justicia.
Hace pocos días, el principal jurista del kirchnerismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, sugirió lisa y llanamente que se sancione una ley para revisar los procesos de corrupción que afectan a funcionarios y empresarios vinculados a la anterior administración. Cuesta creerlo, pero el ex juez de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, propone la impunidad de un sector de la delincuencia: el sector afín a sus ideas políticas. Se trata de un jurista que no puede alegar ligereza o improvisación en estos temas, lo que demuestra que la vocación autoritaria que surge de esas palabras es, en su caso, fruto de una convicción muy arraigada. Dado que es el principal consultor jurídico del kirchnerismo, que pretende retornar al poder en diciembre próximo, esos postulados despiertan una natural preocupación en la Argentina y en el mundo.
Para esas concepciones poco importa, entonces, lo que la mayoría del pueblo determine a través de sus representantes. El Derecho no es eso, para ellas, sino ciertas valoraciones y principios que los jueces deberían aplicar con independencia de lo que indiquen las leyes. Si lleváramos esas ideas hasta sus últimas consecuencias, o tendría mayor sentido que los ciudadanos votáramos. Sería un ritual vacío.
Pretender imponer doctrinas judiciales obscenamente desvinculadas de la ley o propiciar el dictado de una ley que otorgue amnistías para abortar causas judiciales en las que se investiga la posible comisión de delitos de corrupción, claramente constituyen, en sí mismo, actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, expresamente condenados por la Constitución (art. 36).
Por lo demás, si en dicho precepto, la Ley Fundamental de los argentinos prohíbe ejercer el indulto o la conmutación de penas a favor de quienes hayan sido condenados por delitos contra el Estado, entre otros, que conlleven enriquecimiento ilícito, resulta claro que es contrario al espíritu de la Constitución toda posibilidad de declarar amnistías para esa clase de delitos.
No sólo sería un apartamiento de la Carta Magna, sino también una herida significativa a las convicciones democráticas y de ética pública que albergamos como sociedad. Más que un rumbo económico, este año los argentinos debemos resolver si queremos seguir viviendo en una democracia constitucional, o si cedemos a los cantos de sirena de quienes quieren volver por todo, arrasando a su paso con cualquier vestigio de un poder judicial independiente, último guardián de nuestras libertades.
El autor es diputado nacional por CABA (Cambiemos-Pro)