La sanguinolenta tragedia política de los años 70 sigue supurando a través de sus heridas mal cicatrizadas. Este miércoles, la hermana de un colimba muerto durante el ataque de un comando
de Montoneros al regimiento 29 del Ejército en Formosa, ocurrido en octubre de 1975, denunció ante la justicia federal porteña a todos los funcionarios públicos que intervinieron para reconocer y pagar indemnizaciones a nueve de los trece guerrilleros que participaron de aquel asalto. Los acusa de haber cometido un fraude al Estado. La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González.
Jovina Luna es la hermana del soldado Hermindo Luna, conscripto caído mientras montaba guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa cuando fue atacado por Montoneros el 5 de octubre de 1975. Según su denuncia, a la que accedió Clarín, nueve de los guerrilleros atacantes fueron indemnizados como víctimas de la represión ilegal, lo que para ella implica los delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los funcionarios y particulares que intervinieron en la concesión de ese beneficio, ya esa como autores, cómplices o instigadores.
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“Las maniobras delictivas, consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley N° 24.411(Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado)”, explicita el texto.
Aunque la acusación exige “analizar eventuales responsabilidades por omisión o falta de control, de organismos públicos nacionales como el Ministerio del Interior, el de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la Auditoria General y la Sindicatura General”, pone foco especialmente “en las sucesivas Dirección, Subsecretaría y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, que ocuparon Alicia Pierini, Inés Pérez Suárez, Diana Conti, Eduardo Luis Duhalde y Martín Fresneda.
Basada originalmente en la investigación contenida en el libro “Mentirás tus muertos”, de José D’Angelo, la denuncia sumó datos obtenidos en diferentes documentos y publicaciones y en oficinas públicas, según los cuales los guerrilleros muertos en el ataque en Formosa cuyos herederos cobraron indemnizaciones estatales son Reinaldo Ramón Briggiler, José Daniel Graziano, Juan Sebastián Hernández, Víctor Hugo Iribarren, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres, Arturo Inocencio Mariani, Luis Carlos Morero y Alfredo Rubén Velázquez.
La denuncia de Jovina Luna puntualiza que entre todos habrían cobrado en total una suma de 1.514.612 dólares, actualizando los montos recibidos y a una cotización de 40 pesos por dólar.
“Al amparo de la Ley 24.411, hasta diciembre de 2015 se habían pagado 7.907 indemnizaciones cuyo monto total sumado y actualizado a mayo de 2019, asciende a 61.122 millones de pesos, equivalentes a 1.358 millones de dólares”, detalla la acusación.
“Se impone entonces que la Oficina Anticorrupción disponga de inmediato de los medios suficientes para investigar todos los casos beneficiados a través de las llamadas leyes reparatorias, con el fin de que podamos conocer hasta dónde ha llegado la fenomenal estafa de que ha sido víctima el Estado argentino”, pide en otro tramo.
“La cantidad de casos falsos detectados indican, además, que la maniobra no ha sido producto del accionar individual de los causahabientes beneficiados con las indemnizaciones. Se trata indudablemente de una estructura de falsificación por creación de casos y gestión de trámites ante el Estado, con la finalidad de beneficiar a terceros y seguramente a propios, con la necesaria complicidad de diferentes funcionarios públicos que aprobaban los pagos sabiendo que no correspondían, o sin verificar debidamente si encajaban o no en las causales señaladas por la ley”, apunta Luna.
Para justificar su interés particular -fundamental para que su denuncia sea aceptada e investigada por el juez Rafecas- la hermana del colimba caído en 1975 advierte que “no soy un tercero reclamando por un interés ajeno. Por el contrario, soy perjudicada directamente por la falsedad sobre la que se asentó el cobro indebido de indemnizaciones, falsedad que afecta no sólo el derecho a la verdad, sino también a la memoria y al honor de mi hermano y el de nuestra familia”.
“Mi hermano, que ofreció su vida en defensa de la Nación, no sólo resulta ignorado sino que además a sus asesinos y cómplices se los exhibe como mártires, se les rinde homenaje como héroes y se indemniza a sus familiares como si hubieran sido realmente las víctimas del artero y cobarde ataque que protagonizaron asesinando a soldados indefensos”, argumenta.