La jueza de primera instancia de Nueva York Loretta Preska convocó para el 11 de julio a una audiencia entre la República Argentina, la empresa YPF y los demandantes del fondo
de inversión Burford, por el denominado Caso Petersen.
En el Caso Petersen el fondo buitre Burford le reclama al estado argentino un monto que podría llegar a US$3.000 millones como indemnización tras la estatización de la compañía. En 2012 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por US$ 15 millones.
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La convocatoria de la jueza Preska se conoce a menos de 24 horas de que la Argentina le solicitara a la magistrada una audiencia para presentar los argumentos por los cuales considera que los tribunales de Estados Unidos no son la jurisdicción para avanzar en la demanda, además de la falta de legitimidad de la empresa Petersen para realizar acciones contra YPF.
Según trascendió de fuentes oficiales hasta el 3 de julio las partes tendrán plazos para la presentación de los escritos relativos al caso.
Este será la primera audiencia cara a cara que tendrán los representantes de la Argentina y su demandante y se concretará en el edificio de 500 Pearl Street, sede de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York.
El especialista en deuda soberana y director de Finguru, Sebastián Maril, explicó que se espera que la jueza anuncie si la demanda continuará o de lo contrario ordena iniciar una negociación para el pago a los demandantes.
El lunes la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido argentino de revisar la causa iniciada en 2015 por el fondo Burford por lo que ratificó la decisión de los tribunales inferiores de desarrollar el proceso en aquel país.
Según los escritos que presentaron los abogados de la Argentina, los planteos que llevarán adelante para defender el reclamo de que el juicio se haga en Buenos Aires se basan en plantear que la justicia neoyorquina “carece de jurisdicción debido a las demandas presentadas por Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se basan en los estatutos de YPF, de conformidad con la ley argentina (…) y sujetas a la exclusiva jurisdicción de los tribunales argentinos”.
En un segundo argumento, que se plantea en base a la doctrina de forum non conveniens y que atiende “circunstancias modificadas sustancialmente”, los letrados argentinos afirman que “la Argentina ha identificado a varios testigos clave que ahora están en prisión, acusados o no pueden viajar fuera de Argentina sin una orden judicial”.
Como tercer argumento, se destaca que “Petersen ya no era un accionista de YPF cuando los actos de Argentina (la expropiación) que dan lugar a la demanda en realidad se produjeron en 2014″, se precisó al destacar que el demandante “en 2012 había incumplido obligaciones y sus acreedores habían ejecutado sus acciones de YPF para convertirse en los nuevos tenedores”.
AQ