La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dirá este lunes si acepta el pedido de la Argentina de analizar la demanda iniciada por la nacionalización de la petrolera
YPF, en el denominado caso Petersen, o si rechaza el expediente y habilita a los tribunales de EE.UU. a continuar el juicio.
La Argentina solicitó que el caso se siga en tribunales argentinos. Sostiene que existe falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo buitre Burford por la nacionalización de la petrolera en 2012.
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El país presentó un recurso de “certiorari” (presentación directa) ante la Corte Suprema, en el que planteó la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos. La resolución de la Corte se da a conocer antes de las vacaciones en EE.UU. que arrancan la semana que viene.
Si la Corte acepta el caso, podría fallar en el primer semestre de 2020, pero si lo rechaza habilitará de manera automática a la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska a continuar el proceso.
A comienzos de junio, Preska había fallado en favor del pedido de Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF.
El fondo buitre Burford reclama más de US$ 3.000 millones. Este fondo compró aparentemente los derechos de litigio de las dos empresas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó, entre ellas las del grupo Petersen.
El argumento del fondo buitre Burford fue que en el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, algo que no ocurrió durante la estatización, según argumentan.
Así las cosas, los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Un resultado adverso a YPF podría costarle al Estado unos US$ 3.000 millones. Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después.
De esta manera adquirió a la Justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Hay quienes sospechan que la familia Eskenazi es dueña en una proporción de esos derechos. Pero lo niegan. Por cierto esas dos compañías pertenecen a la familia Eskenazi que decidió crearlas en España para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF.
El procurador del Tesoro nacional, Bernardo Saravia Frías, viajó el fin de semana a Nueva York para seguir de cerca la sentencia.