El juez Ariel Lijo rechazó este lunes planteos de nulidad presentados por la defensa del Correo Argentino, por lo que mantendrá abierta la causa en la que se investiga la deuda
de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación con el Estado nacional. En dos resoluciones el magistrado apoyó el planteo del fiscal Gerardo Pollicita y no hizo lugar a los argumentos de los abogados intervinientes.
Se trata de la defensa del presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa y de Jaime Kleidermacher, asesor letrado del Correo Argentino, ambos imputados por los presuntos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. El juez Lijo señaló que no corresponde hacer lugar a los planteos de nulidad y que se dará “continuidad al proceso penal para poder adoptar una decisión de las cuestiones” investigadas.
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En este expediente, la Justicia investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado. Cuando inició la investigación se pidió avanzar sobre el cambio de estrategia de defensa estatal en el marco del trámite del Concurso Preventivo.
En diciembre el fiscal Gerardo Pollicita, pidió las indagatorias al determinar que el Estado Nacional “aceptó una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público”.
Además, se sostuvo que “los representantes del Estado pasaron de una posición ajustada a derecho y protectora de los intereses pecuniarios que le fueron confinados a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales”. Por ello fueron indagados Oscar Aguad y el entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.
Hay que recordar que cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En aquel año Correo, compañía administrada por el Grupo Macri, dejó de pagarle un canon al Estado nacional y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones, pero el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago.
Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas; mientras que el Estado reclamaba los $ 296 millones, con un porcentaje de interés que actualizara la deuda original.
El acuerdo establecía que el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de 2017 la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo, implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio multimillonario para el Estado.
En esa ocasión la fiscal Gabriela Bouquin, se calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Con este telón de fondo, la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, pidieron el sobreseimiento planteando así mismo, la inexistencia del delito.
Entre sus argumentos, indicaron que la cifra de más de $ 70.000 millones “es absurda y que fue el resultado de un procedimiento inédito, marcado por errores conceptuales y jurídicos”.
Ambos acusados -presidente y letrado de Correo Argentino SA-, están señalados como partícipes de la operación que otorgaba “un beneficio ilegítimo para la concursada”, ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).
En su defensa, las autoridades de la empresa indicaron que la propuesta “no fue abusiva” pues !no fue calificado así por el juez del concurso e incluso, si lo hubiera sido, no implica que sea ilegal o antijurídico, o que conlleve la aplicación donde una sanción más allá de su no convalidación por parte del magistrado interviniente”.
La respuesta del fiscal señaló que los dos acusados del Correo han mostrado una “infructuosa” maniobra para “poner de manifiesto una obscena maniobra política en el planteamiento del tema como algo de patrimonio exclusivo del ámbito concursal, en la responsabilización al Estado por la situación en la que se encuentra la empresa y en la crítica a la valoración que se efectuó de las reuniones previas que tuvieron lugar entre los representantes del Correo y los funcionarios públicos”.
Reiteró Pollicita que se estuvo ante un acuerdo de “carácter abusivo del acuerdo celebrado” señalando que lo aceptado por los funcionarios de Mauricio Macri “implicaba reducir la acreencia del Estado a una suma que atentaba contra la integridad de su crédito”.
El segundo acuerdo -aceptado por el Estado- mejoraba algunos requisitos exigidos en la ley, pero así y todo arrojó un porcentaje de quita de deuda por encima del 98% de su valor real “se pagaría realmente el 1,13% del crédito”, indicó Pollicita.
Para la fiscalía y el juez, el Gobierno teniendo “a cargo el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado verificó en el expediente concursal del Correo, omitió obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios”. Así, se dijo que el acuerdo celebrado “ni estuvo cerca de significar para el Estado la celebración de un acuerdo de pago razonable”.
JPE