Un video que empezó a circular en las redes sociales a principios de este mes revivió la polémica sobre el uso de la tortura por parte de las autoridades policiales de
México como medio de interrogatorio en el marco de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en la región de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, un caso que causó conmoción mundial y que sigue impune.
En las imágenes se puede ver a un hombre sentado con las manos atadas, ojos vendados con cinta aislante, que es interrogado acerca del lugar donde fueron llevados los estudiantes de magisterio cuyo paradero jamás fue hallado.
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El hombre se ve asustado. Una voz le pregunta: “¿Dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?” y él, aturdido, contesta: “A Mezcala, fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas”. “¿Dónde se los entregaron?”, dice la voz. “En Tomatal”, contesta. Es decir, en una de las salidas de Iguala, rumbo al sur, a Mezcala, rumbo a Chilpancingo, la capital del Estado.
En el video, que difundieron varios medios de México y otros países, no se ve al interrogador, pero detrás del detenido se puede apreciar a un hombre que, al parecer, lleva un uniforme de agente ministerial de la Fiscalía federal.
Esta persona luego le coloca una bolsa de plástico en la cabeza al sospechoso y la estira para cortarle el oxígeno (la práctica conocida como submarino), mientras una tercera persona parece electrocutarlo.
Según el programa “En Punto” de Televisa, el individuo torturado sería Carlos Canto Salgado, detenido el 22 de octubre de 2014 en el marco del caso Ayotzinapa.
Se estableció que el policía ministerial federal Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes fueron los oficiales responsables de su detención, añade el portal noticioso ruso.
Los representantes de la Fiscalía General de la República declararon al programa que han vuelto a analizar los materiales de la investigación por tortura, anteriormente abierta por la Visitaduría General, contra los mencionados efectivos, así como contra sus superiores.
Desde que se iniciaron las investigaciones, las acusaciones contra agentes de diferentes corporaciones por torturar a detenidos han sido una constante, recordó el diario español El País.
Poco después de asumir, este año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador creó una comisión especial para investigar la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. /AFP
En marzo de 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, los detenidos señalaban a agentes de la policía ministerial, adscrita a la Fiscalía federal. Uno de esos 23 es el hombre que aparece en el vídeo.
La nueva evidencia vuelve a poner en duda la validez del proceso. El año pasado, un tribunal federal pidió reponer el procedimiento por las denuncias de que las confesiones e imputaciones de varios detenidos, acusados de participar en las desapariciones, fueron obtenidas mediante tortura.
Un caso repleto de irregularidades
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. La Procuraduría General de la Reública (Fiscalía) había dicho que la policía local entregó a los estudiantes a miembros de una banda de narcotraficantes con la que estaba vinculada.
Pocos meses después de las desapariciones, el titular de la PGR en aquel entonces dijo que los investigadores habían concluido que los estudiantes habían sido asesinados y sus cadáveres incinerados en un basural en las afueras de Iguala.
Sin embargo, las investigaciones posteriores de expertos externos pusieron en entredicho esa versión.
Según un informe realizado en febrero de 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense, no hay elementos para respaldar “la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrogado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Los padres de los 43 estudiantes y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en la investigación y pidieron abrir líneas de investigación sobre la posible participación del Ejército y la Policía Federal.
En mayo de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las investigaciones recomendó que la búsqueda no debería ser interrumpida puesto que los estudiantes siguen desaparecidos.
La investigación del caso fue reabierta este año por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una muestra de su postura respecto a una de las heridas abiertas más recordadas en el país.