Por primera vez en el marco de las causas judiciales que investiga a la constructora brasileña Odebrecht por el pago de sobornos en la Argentina, este martes se firmó un
acuerdo de colaboración entre el ministerio Público Fiscal brasileño y el argentino. Ese intercambio de información clave se realizará en la investigación sobre corrupción en la obra de soterramiento del tren Sarmiento, donde el fiscal Franco Picardi sostiene que hubo una estructura de coimas transnacionales, aunque el juez Marcelo Martínez De Giorgi consideró que por ahora no hay pruebas suficientes para determinar que ese contrato haya tenido sobreprecios y coimas. Con el convenio, Picardi buscará en Brasil pruebas sobre este supuesto circuito de fondos ilegales, que habría involucrado a Julio De Vido, Ricardo Jaime, Jorge “Corcho” Rodríguez, Ángelo Calcaterra, entre los principales imputados.
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El gigante brasileño Odebrecht, con un pedido de quiebra en curso en su país, enfrenta diversos procesos judiciales en diferentes países, entre ellos Argentina.
En el marco de la operación Lava Jato, los dueños de la constructora admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos. Entre ellas las plantas potabilizadoras realizadas por AySa (juez Sebastián Casanello) y la ampliación de gasoductos (juez Daniel Rafecas).
La obra del soterramiento que investigan Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Pese a las confesiones de los directivos de Odebrecht en decenas de causas judiciales en Brasil y otros países, el juez Martínez De Giorgi consideró que no existen pruebas suficientes para acreditar que hubo sobreprecios y sobornos en el contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento. En consecuencia, procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, y dictó la falta de mérito para el ex dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros empresarios.
La decisión fue apelada por el fiscal del caso Franco Picardi, bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
Las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de correos electrónicos en los que “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA, reiteró Picardi.
Para la Fiscalía, todos los acusados, desde ex funcionarios como empresarios, actuaron en “anómalas circunstancias” señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht”.
Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, “se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo”, además, “no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos”, “se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes”, entre otras.
En el marco de este reclamo, donde pide que los empresarios sean procesados y se modifique la falta de mérito dictada por el Juez, Picardi firmará con su par brasileño un acuerdo de intercambio de información. Así lo decidió la Cámara federal porteña cuando rechazó un planteo de Sánchez Caballero y del ex ministro de Planificación Federal.
¿Qué buscará tras la homologación? Documentación, declaraciones, números de cuentas bancarias, constitución de firmas offshore para canalizar los pagos ilegales, es en principio lo que se solicitará. Los principales implicados en esta información que se intercambiará son De Vido, Jaime, “Corcho” Rodríguez, Calcaterra, Sánchez Caballero, según supo de fuentes judiciales Clarín.
Picardi sostiene y busca corroborar con este acuerdo de colaboración que se pagaron sobornos por casi un millón de pesos a Jaime para obtener el contrato, y luego se tejió una red de firmas off shore para que Odebrecht y sus socios siguieran entregando coimas regularmente a través de la empresa fantasma española DSC, que está mencionada en diversas causas contra Odebrecht como vehículo para distribuir pagos ilegales a funcionarios de distintos países. En el expediente del tren Sarmiento, habría servido por ejemplo para remitir cinco millones de dólares a Andorra.
“Los sobornos representaron sólo el 12,5% del total de ganancias que obtuvieron los empresarios producto de la adjudicación espuria de obra pública”, explicó el fiscal y agregó: “Como resultado del mismo plan delictivo, los funcionarios percibieron beneficios indebidos por 35 millones de dólares y los empresarios por 278 millones”, señaló al apelar el fiscal.