Lázaro Báez y dos de sus hijos, Luciana y Martín, fueron procesados por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero. Se trata de una causa vinculada a “la ruta del
dinero K”, en al que se investigó el movimiento de sumas millonarias realizadas por la familia Báez a través de la firma M&P, con Austral Construcciones y otra serie de sociedades que habrían oficiado de cuevas financieras en medio de los embargos millonarios que tenían ordenados.
Los cuatro hijos de Lázaro Báez enfrentan un juicio por lavado de dinero junto a su padre. Es “la ruta del dinero K”, donde se los procesó y embargó a cada uno en 600 millones de dólares. Sólo Martín, el mayor de los hijos varones se encuentra detenido junto al contratista K. Pero la situación judicial de la familia se complica aún más.
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El juez Casanello procesó este martes a los dos hijos mayores del dueño del Grupo Austral por lavado de dinero.
La justicia detectó la transferencia de sumas millonarias en concepto de “venta de asfalto” a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez por parte de M&P, cuyos principales autoridades son los hijos mayores del contratista K preso hace tres años por lavado de activos.
Luciana, Leandro y Melina están sentados en el banquillo de los acusados. Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en el juicio de la Ruta del Dinero K.
De esta firma, la Justicia analizó un centenar de cheques por cerca de 9 millones de pesos y documentación que registra la extracción de dinero por un millón de pesos. Estos movimientos los habría realizado Martín Báez pese al embargo ordenado por el juez Casanello. El mayor de los varones de Lázaro está doblemente procesado por lavado de activos y hoy detenido junto a su padre por evadir las medidas cautelares con movimientos de dinero en cuentas en Bahamas.
M&P es una firma dedicada a la “venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón”, con sucursales en Tierra del Fuego y Chubut, y está vinculada también, en “lo operativo y trabajo diario”, a Marcos Muller.
La empresa M&P integraría, según la Justicia, un entramado financiero que incluye vínculos con otras firmas: Proydesa SA, Karnix SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Dereli SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu, Xhoris SA, Recasur Argentina SRL. La orden de allanamiento requirió el secuestro de documentación relacionada además a César Andrés, contador del empresario K.
En esta investigación se reconstruyó otra ruta del dinero: una estructura financiera con empresas que cumplirían la función de “cuevas”. Receptoras de dinero que provendría de negocios con Austral Construcciones, después realizaban depósitos en una cuenta de M&P, propiedad de los dos hijos mayores de Báez, evadiendo cualquier control fiscal.
Había dos circuitos. El primero registra movimientos de sumas millonarias en una cuenta bancaria de Lázaro Báez y su hija Luciana. Después ella retiraba sumas en efectivo y un porcentaje lo depositaba en la cuenta que M&P tiene en el Banco Nación. La otra ruta de dinero se conecta con cinco empresas, que según sospecha la UIF, realizaban transferencias de dinero a favor de la sociedad de los hermanos Báez. Finalmente, los fondos habrían sido canalizados a cuentas de empleados de Austral Construcciones.
Lázaro suma otro procesamiento por lavado de dinero.
Las cinco empresas (Catahu Sa, Recasur Argentina, Khoris SA, Siembra y Comercialización, Kargen SA) están bajo la lupa de la Justicia. En su objeto social cuentan con actividades similares: servicios auxiliares de intermediación financiera, servicios empresariales, venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino, venta al por mayor de cereales, operaciones de intermediación de carne. Todas estas sociedades se crearon entre 2005 y 2014 y registran operaciones bancarias con M&P, empresa que Martín Báez maneja junto a su hermana Luciana.
En el entrecruzamiento de documentación se registra que después del embargo trabado a Lázaro Báez y a su hijo Martín, y que alcanza las cuentas del Grupo Austral, se realizaron movimientos de dinero con estas empresas, algo que el informe financiero define como “movimientos inusuales y carentes de justificación económica”, según los reportes de operaciones sospechosas.