La huelga convocada por las principales centrales sindicales contra la reforma del sistema de jubilaciones que impulsa el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se sintió en el transporte público
aunque tuvo un acatamiento dispar y movilizaciones limitadas a bloqueos y pequeñas concentraciones en al menos 22 capitales brasileñas, en una jornada marcada por escenas puntuales de violencia y nuevos chispazos entre altos funcionarios del gobierno y el presidente de la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma, que busca reducir el creciente déficit del sistema de pensiones brasileño imponiendo, entre otros cambios, una edad mínima para acceder a una jubilación, fue suavizado en una primera propuesta en la Cámara de Diputados, que eliminó la posibilidad de crear un régimen de capitalización para reemplazar el modelo de reparto, deficitario en unos 80.000 millones de dólares al año.
Miles de personas protestaron en todo Brasil contra la reforma del sistema de jubilaciones. /AFP
Con el telón de fondo de ciudades semiparalizadas por el paro parcial de transporte de colectivos y de metro, y las calles de varias grandes capitales de Brasil atestadas por autos particulares y de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify –sus más de 600.000 choferes trabajaron a pleno en unas 100 ciudades- el ministro de Economía, el liberal Paulo Guedes, criticó a los diputados por eliminar puntos centrales de la propuesta de reforma y los acusó de ceder a lobbies de empleados públicos.
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“Ellos (los diputados) mostraron que no hay compromiso con las nuevas generaciones. El compromiso del Legislativo con los empleados públicos fue mayor que con las nuevas generaciones”, dijo Guedes a periodistas en Río de Janeiro.
Irritado, el ministro, conocido por su temperamento fuerte y poca paciencia con la política, agregó: “Yo creo que hubo un retroceso que puede abortar” la reforma y denunció que “presiones corporativas de empleados del Legislativo” forzaron a reducir la ambición de los cambios propuestos, que buscaban un ahorro fiscal superior a 300.000 millones de dólares en una década.
Una serie de carteles en la puerta de un banco en Río de Janeiro llama a la huelga contra el proyecto de reforma de las jubilaciones que propone el gobierno de Jair Bolsonaro. /AFP
Cuando se conocieron, las declaraciones de Guedes golpearon al principal índice de la Bolsa de San Pablo, en un mercado financiero sensible a los choques entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el que el gobierno no tiene una sólida base de apoyo y se respalda para impulsar sus proyectos principalmente en la influencia del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que desde una posición de independencia política respalda la agenda de reformas económicas de Bolsonaro.
“Nosotros blindamos la reforma de la seguridad social de crisis que son muchas veces generadas casi todos los días por el gobierno. Cada ministerio generando una crisis. Hoy, infelizmente, es mi amigo Paulo Guedes generando una crisis innecesaria”, afirmó Maia.
El jefe de la Cámara baja recordó que “en las democracias las victorias no son absolutas”, por lo que se manifestó entristecido por la posición de Guedes. Además sugirió que sin él, el gobierno contaría apenas con el apoyo de su propio bloque, de 50 diputados, y no de los cerca de 350 –de un total de 513- que sus articulaciones políticas logran reunir.
La impopular reforma del sistema jubilatorio es considerada al mismo tiempo una necesidad para mantener la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda pública de Brasil y liberar recursos para la inversión pública.
Distintas centrales sindicales, debilitadas políticamente tras el triunfo electoral de Bolsonaro y con heterogeneidad de alineamientos partidarios, encontraron justamente en la oposición a esa reforma la razón para llamar a una primera huelga general contra el mandatario.
La medida de fuerza tuvo efectos amplios a primera hora del viernes, cuando piquetes ante terminales de colectivos y el cierre de estaciones de metro causaron enormes trastornos en grandes ciudades como Río de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte y San Pablo.
Estaciones del metro de la mayor ciudad brasileña, San Pablo, permanecieron cerradas bloqueadas. La Compañía de Ingeniería de Tráfico (CET, por sus siglas en portugués), que asiste el monumental tránsito paulistano, informó que la ciudad llegó a registrar casi 120 kilómetros de embotellamientos, número superior al promedio. En Río de Janeiro hubo incidentes aislados entre policías y manifestantes y en Porto Alegre se registraron al menos 50 detenciones por daños a vehículos de transporte.
Brasilia, corresponsal