El proyecto presentado de ley de pensiones en Brasil busca reducir el creciente déficit del sistema jubilatorio, que se calcula para este año en US$80.000 millones. Ese rojo pone en
duda la sostenibilidad fiscal del país y traba recursos para la inversión.
La propuesta oficial procuraba un ahorro de unos 310.000 millones de dólares en diez años. Ese número disminuyó ahora a US$ 230 mil millones.
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Esto se debe a que el miembro informante de la comisión de Diputados, Samuel Moreira, consensuó una nueva propuesta que suaviza la original. La diferencia se compensaría con nuevos impuestos al sector financiero, posibilidad que golpeó las acciones de los principales bancos del país.
La nueva propuesta eliminó la posibilidad de crear un régimen de capitalización y excluyó la adhesión de Estados y municipios. Suavizó también las reglas de jubilación para maestras, al reducir su edad mínima de jubilación a 57 años desde 60, y deja intactos los sistemas de pensiones no contributivas y del sector rural.
Las reglas para la transición hacia el nuevo esquema serán más blandas y los trabajadores podrán optar, caso por caso, por una norma que les sea más ventajosa.
El proyecto en Brasil establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no existe en el país y que la reforma sitúa en 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Para los empleados públicos, el tiempo mínimo de contribución para recibir el beneficio jubilatorio será de 25 años, siempre que tengan 10 años en el Estado y al menos cinco en el cargo por el que se pensiona. Los maestros se podrán jubilar con una edad mínima de 60 años en caso de hombres y 57 años en caso de mujeres, siempre que tengan 25 años ejerciendo esa tarea.
Policías civiles y agentes penitenciarios se podrán jubilar con 55 años, mientras que las policías militarizadas junto con los bomberos tendrán reglas equivalentes a las de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Este modelo aún puede sufrir cambios y, si bien resulta más blando que el original, fue celebrado por los mercados financieros. Los analistas afirman que corrige la trayectoria explosiva del sistema e impone ahora un ahorro que resuelve el rojo fiscal.
La norma aún no tiene fecha de votación ni en comisión ni en el plenario de Diputados. Su aprobación, por tratarse de una enmienda constitucional, requiere dos rondas de votación en cada cámara con mayoría calificada (tres quintos de los votos).
La propuesta busca incorporar criterios de equidad entre los jubilados del sector público y del privado, cuyas diferencias de ingresos pueden ser abismales.
La jubilación máxima por el sistema privado brasileño es equivalente a US$1.400 y el promedio es de 380 dólares. Los pensionados por el sistema público o empresas estatales pueden retirarse en el tope de sus carreras con un beneficio igual a su salario, que puede superar los 5.000 dólares y alcanzar hasta cerca de 10.000.