Cristóbal López y Fabián De Sousa enfrentan su primer juicio por corrupción tras haber generado con el fisco una deuda de $ 8.000 millones al no pagar el Impuesto a la
Transferencia de los Combustibles (ITC). Esto, según la Justicia, no podría haberse efectuado sin la participación de Ricardo Echegaray -ex titular de la AFIP-.
El organismo recaudador estima que ya no recuperará dicha cifra y por tres vías busca que los dueños del Grupo Indalo y el ex funcionario hagan frente al “perjuicio ocasionado al Estado”.
Los dueños del Grupo Indalo están presos en el marco de esta causa hace un año. Con la plata que no la pagaba al Estado por el Impuesto al Combustible, López financiaba y ampliaba su conglomerado empresarial.
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El reclamo -con intereses incluidos- de la AFIP es de $ 17.000 millones.
Durante la instrucción se determinó que la participación de los acusados en el delito “quedó corroborada”.
Según el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.
Para el fiscal como para el Magistrado, hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC.
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Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.
La prioridad de la AFIP es el recupero de los fondos que no ingresaron en concepto de ITC, lo que consideran el mayor perjuicio al Estado por la envergadura de la cifra. “Esos fondos no ingresaron por la falta de pago de un tributo y es dinero que debía ir al Estado “, señalaron fuentes oficiales a Clarín.
La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP, acusado de ser autor de la defraudación. Según el fiscal de la causa, Echegaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. Esto generó que se acumule una deuda millonaria con el Estado con facilidades de pago que fueron calificados de “ilegales”.
La petrolera contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco” y las entregaban en “concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Al pedir la elevación a juicio que consideró Ercolini, la fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K “de manera ilegal e irregular”.
Es por este motivo que la AFIP busca por tres vías recuperar parte del dinero que Oil no pagó. Un primer pago que percibirán será de $ 2.000 millones como resultado de la quiebra de la petrolera.
Este pago aún no ingresó. En paralelo, la AFIP inició una pericia civil para determinar el daño ocasionado por la falta de pago del ITC. Esta pericia busca especificar una cifra que se incorporará a la demanda civil que será parte del juicio penal. Por otro lado, en dicho fuero se inició una pericia para determinar si efectivamente hubo discrecionalidad por parte de Echegaray en la entrega de planes de facilidades de pago.
Según la Justicia, esta maniobra de corrupción, les permitió a López y De Sousa, aumentar su patrimonio y comprar empresas a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada.