Con su mirada extraviada y sus sinuosos intentos de explicar lo inexplicable, José López sintetiza la peor fotografía de la justicia argentina, que es también una de las peores imágenes de
la Argentina: protagonista del hecho más asombroso en la historia nacional, sus correrías nocturnas saciado de dólares, euros y puchos de monedas de varios países hacia un convento religioso tan extravagante como él insinuaron que se había alcanzado un límite en la tolerancia social ante la corrupción. Pero apenas era el principio.
El episodio que Steven Spielberg habría desechado por inverosímil ocurrió el 14 de junio de 2014, en una nebulosa madrugada de General Rodríguez, en las afueras de Buenos Aires. Formalmente, López estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito desde 2008. Pero hasta aquel día la justicia había avanzado poco y nada con el ex funcionario.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Los bolsos con dólares y la frutilla de una ametralladora para coronar esa escena increíble fueron seguidas por una catarata de pruebas que de golpe terminaron apabullando a José López, quien en cuestión de semanas vio derrumbarse el enorme poder que había acumulado en los doce años de gobiernos kirchnerista, con el toque personal del miedo que gustaba despertar entre sus empleados y también empresarios con quienes trataba. Esos mismos empresarios entre quienes recolectaba coimas y dádivas regular y puntualmente, tal como registró el chofer Oscar Centeno.
Pero sigamos con el caso que acaba de ser condenado, y aquella exasperante morosidad judicial que de golpe se convirtió en vértigo, con una instrucción que en dos trancos comprobó lo evidente y le sumó a López la sospecha sobre la propiedad de una casona en el Tigre, cerró esa investigación con un moño en septiembre de 2017 y lo sentó al ex secretario de Obras Públicas K en el banquillo de los acusados el 11 de junio de 2018, hace casi exactamente un año.
Repasemos: aún ante un caso atiborrado de pruebas y testimonios congruentes, el juicio se comió un calendario entero, al habitual ritmo de una audiencia semanal y con las no menos habituales interrupciones. Y este miércoles, con todos sentados frente al Tribunal Oral Federal 1, el Estado descargó sobre José López todo el peso de la ley, con la máxima condena por el delito de enriquecimiento ilícito: seis años. De los cuales ya pasó entre rejas la mitad. Un vuelto.
La saga completa deja una bolsa -o quizás un bolso, para acompañar el tenor del caso- lleno de enseñanzas. Una: el dispositivo de impunidad en la Argentina tiene decenas de eslabones y mecanismos perfectamente coordinados; aún ante el improbable caso de que la justicia haga su trabajo con cierta seriedad, las leyes contra los delitos de corrupción son escandalosamente benignas, y las condenas previstas, más todavía. Otra: para tener éxito, los reclamos sociales por justicia deben ser mucho más amplios y profundos que la lista que habitualmente se enumera en las marchas a tribunales, abarcando la nomenclatura de penas, la combinación de delitos en el cómputo de las sentencias y otros detalles procesales clave.
Y la peor de todas las moralejas, consecuencia directa de las anteriores: en Argentina, robarle al Estado es una de las mejores inversiones. La probabilidad de ser descubierto es mínima, las chances de ser condenado aún si interviene la justicia son remotas -según la auditoria de los juzgados federales que el año pasado realizó el Consejo de la Magistratura, apenas el 2% de los casos de corrupción tiene condena– y en el excepcional caso de llegar a esa instancia, el castigo apenas será más doloroso que un molesto tirón de orejas.
Sentados frente a José López, los jueces del TOF 1 -Ricardo Basílico, Adrián Grunberg y José Michilini- hicieron lo que pudieron: decomisaron los famosos dólares termosellados, los euros y demás tesoros para repartirlos en partes iguales entre el Hospital de Niños y el Garrahan, y también le dieron al Estado el control de la casa con embarcadero en Tigre, además de aplicar una multa cuyos detalles se conocerán con los fundamentos del fallo. Es más de lo que jamás debió retribuir un funcionario corrupto. Y sin embargo sigue teniendo gusto a poco.