Este miércoles, la familia de Débora Pérez Volpin pidió la recusación del juez de la causa, Javier Anzoátegui. Lo hizo a través de un escrito firmado por Marta Lea Volpin,
Alejandro Pérez Volpin, Luna Funes, Agustín Funes y Enrique Sacco (madre, hermano, hijos y pareja de la periodista); con el patrocinio de los abogados Diego Pirota y Deborah Lichtmann.
En el escrito, la recusación está fundamentada “en el mal desempeño por desconocimiento de la norma aplicable al caso, la enemistad manifiesta del magistrado con los letrados que representan a esta querella y la pérdida de imparcialidad que ello ha producido; incompatible con la función pública que ha sido llamado a ejercer”.
Para la querella, estos elementos afectarían “el normal desenvolvimiento de este proceso”.
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El texto refiere a un conjunto de supuestas dilaciones por parte del juez. En particular, a “una serie de pasos tendientes a que el juicio no comience; siempre con la apariencia de que se pretendía su inicio, pero con una evidente finalidad distinta”.
Entre los elementos, se menciona la falta de notificación a los 58 testigos designados para el debate oral, así como las demoras causadas por la realización de una junta médica para discutir la autopsia. De acuerdo con la familia, esta última debería haber sido discutida directamente en el debate oral.
“Somos conscientes de la gravedad de aquello que sostenemos, pero no perdemos de vista nuestro objetivo final, que es alcanzar JUSTICIA. Y es por ello que no permitiremos que ninguna circunstancia que traspase lo jurídico, que no se apegue a las normas y reglas del proceso penal, impida la consecución de nuestra única finalidad”, concluye la familia.
El juez Anzoátegui cuenta con 48 horas para decidir si se aparta o no de la causa. En caso afirmativo, se sortearía un nuevo tribunal oral. Caso contrario, la decisión quedaría a cargo de la Cámara de Casación.
Por el momento, el juicio oral iniciaría el 22 de julio de este año.
DD