El Tribunal Supremo español (TS) concluyó este miércoles el juicio contra doce dirigentes independentistas catalanes y ahora deberá resolver si varios procesados promovieron la violencia y cometieron un delito de rebelión
como la Fiscalía asegura, mientras que los abogados defensores rechazan absolutamente tal acusación.
Los soberanistas -nueve cumplen prisión provisional- fueron juzgados durante cuatro meses por la celebración en la región española de Cataluña de un referéndum inconstitucional de “autodeterminación” el 1° de octubre de 2017 y una declaración posterior del Parlamento regional a favor de la independencia unilateral, entre otros hechos.
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Según la conclusiones de la Fiscalía, el proceso secesionista catalán fue “un golpe de Estado” por medio de una “insurrección” con violencia “suficiente” y “evidente”, promovida por los acusados, que actuaron como “una organización criminal”.
La Fiscalía considera que el exvicepresidente del gobierno regional de Cataluña Oriol Junqueras fue el “motor principal de la rebelión”, para quien reclama 25 años de cárcel.
Para otros acusados pide 17 años, como la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y penas de entre 7 y 16 años para el resto de encausados.
Según la legislación española, la acusación de rebelión se dirige a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva penas que van de 10 a 30 años.
Además de concluir que el proceso separatista fue una rebelión consumada, la Fiscalía apunta que las anteriores autoridades regionales catalanas cometieron también delitos de malversación de fondos públicos y de desobediencia de la legalidad española.
Sin embargo, la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno español, cree que los acusados cometieron sedición, pues no ve probado que la violencia fuera un elemento “estructural” del plan secesionista, y pide penas de entre 7 y 12 años de cárcel.
Gran parte del juicio, que quedó visto para sentencia, fue un pulso intenso entre la Fiscalía y los abogados de los procesados para probar o refutar que hubo violencia y quién fue el responsable.
Las defensas, que reclaman la absolución, insistieron en general en que fue un juicio “político” y que los acusados fueron procesados por su ideología independentista.
Varios abogados defensores admitieron el delito de desobediencia, que no implica cárcel, pero recalcaron que no hubo violencia ni alzamiento tumultuario, y acusaron a la Fiscalía de poco rigor, exagerar y forzar sus argumentos.
En un alegato final ante el tribunal, Junqueras pidió “devolver la cuestión (independentista) al terreno de la política”, del “diálogo, la negociación y el acuerdo” porque “votar y defender la república desde el Parlamento no puede ser un delito”, según quiso justificar.
Y Forcadell afirmó que era juzgada su “trayectoria política”, por ser quien es, no por sus actos. Su abogada dijo de ella que no autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia.
Ella era presidenta del Parlamento catalán en septiembre de 2017, cuando la cámara legislativa aprobó una ley que permitía al gobierno regional convocar un referéndum de “autodeterminación”; y otra para la transición hacia la “república catalana”, declaradas luego inconstitucionales.
Uno de los hechos más graves juzgados ocurrió el día 20 de ese mismo mes. Una multitud intentó impedir que las fuerzas de seguridad registraran por orden judicial la sede del departamento catalán de Economía, en Barcelona, en busca de documentación sobre los planes de secesión.
El asedio, encabezado por los independentistas Sánchez y Cuixart, terminó con varios coches de la Guardia Civil (cuerpo de seguridad) muy dañados, y una funcionaria judicial tuvo que salir del edificio por la azotea pues temía por su seguridad.
Entre otras pruebas aportadas por las partes, se proyectaron vídeos con imágenes del asedio de ese día y de incidentes en intervenciones de los cuerpos policiales que trataban de impedir por orden judicial la votación del 1° de octubre y ciudadanos que se resistían.
Alrededor de 600 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, entre ellos políticos y jefes y agentes policiales, declararon durante el juicio, retransmitido por internet íntegramente y seguido por los medios de comunicación con gran atención, también extranjeros.
Serán siete jueces del TS, encabezados por el magistrado Manuel Marchena, los encargados de dilucidar todas estas cuestiones y dictar sentencia, que se conocerá probablemente dentro de varios meses.
En 2018, el Alto Tribunal declaró en rebeldía al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros seis líderes soberanistas que huyeron al extranjero para evitar su procesamiento por los mismos hechos. Sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.
PB
Fuente: EFE