La actual senadora nacional y precandidata a vicepresidenta asistió al juicio por tercera vez, ya que el lunes pasado faltó y justificó la inasistencia con actividad parlamentaria en la Cámara Alta.
Pero para este lunes no presentó petición alguna y arribó poco antes de las 9.30 a los tribunales federales de Retiro, ingresó por un acceso lateral y fue directo a la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.
El público que concurrió a presenciar la audiencia la recibió con aplausos hasta que se ubicó, como ya es usual, en la última fila de asientos destinada a los acusados junto a su abogado Carlos Beraldi.
Entre otros estuvieron los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín y la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, entre otros.
La ex presidenta Cristina Kirchner asiste a la cuarta audiencia del juicio oral que se le sigue como presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.
La audiencia comenzó a las 10.50 con la continuidad de la lectura de requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
La actual senadora nacional arribó poco antes de las 9.30 a los tribunales federales de Retiro, ingresó por un acceso lateral y fue directo a la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.
Allí el público que concurrió a presenciar la audiencia la recibió con aplausos hasta que se ubicó como ya es usual en la última fila de asientos destinada a los acusados junto a su abogado Carlos Beraldi.
Entre el público están los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín y la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, entre otros.
Vestida íntegramente de rojo y cartera al tono, la ex presidenta presenciará la lectura de la acusación fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2.
El lunes pasado no asistió al juicio porque presentó un justificativo de actividad parlamentaria en el Senado Nacional.
Cristina, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, son juzgados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez en el kirchnerismo.