La presentación por octava vez del proyecto de legalización del aborto tiene en este 2019 un objetivo político y simbólico, mantener “la llama viva”. En el año electoral se ve
muy lejano que la iniciativa pueda tratarse, y además, no ha variado la composición de las Cámaras respeto del histórico debate del año pasado, cuando fue aprobado en Diputados (14 de junio) pero terminó siendo rechazado en el Senado (9 de agosto).
El proyecto vuelve a ingresar por Diputados y la Campaña Nacional en favor del aborto legal, seguro y gratuito, decidió hacerlo este 28 de mayo porque es el cumpleaños 14 de la Campaña y también el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
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Aunque algunos referentes de la Campaña no pierden la esperanza de que se trate después de octubre, cuando baje la espuma electoral, el objetivo hasta ahora es que vuelva a tener estado parlamentario, mantener el impulso de un tema que se instaló muy fuerte en la sociedad, y la amplitud en las firmas de apoyo al proyecto. De hecho están representadas casi todas las bancadas de la Cámara.
¿Por qué la iniciativa no será tratada de inmediato? Para que el proyecto avance en términos legislativos debería haber un consenso para el debate, como sucedió el año pasado con el fuerte impulso que le dio la Casa Rosada (aunque el Presidente se corriera luego del destino de la iniciativa). El proyecto debería volver a debatirse en plenario de cuatro comisiones para obtener dictamen, con cabecera en Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO). Lipovetzky, uno de los referentes a favor de la legalización, podría convocar y tendría apoyo de otra verde, la presidenta de la comisión de Mujer y Familia, Alejandra Martínez (UCR). Pero las otras dos comisiones, Salud y Legislación Penal, están presididas por diputadas celestes, Carmen Polledo (PRO) y Gabriela Burgos (UCR). Sin acuerdo previo, no puede haber plenario.
Lo que está en juego en adelante es el destino del proyecto en 2020, y dependerá de la integración de las listas legislativas, de la renovación tanto de Diputados como del Senado, y de la relación de fuerzas que resulte entre verdes y celestes. Los celestes que estaban “dormidos” cuando el tema irrumpió en 2018 y se llegó a la histórica media sanción en Diputados, están plenamente en operaciones desde entonces. Tanto en la calle con movilizaciones, como a nivel de Ongs, de la Iglesia Católica, o de los representantes de las poderosas iglesias evangélicas que hacen sus gestiones en silencio y mantienen reuniones con líderes políticos y legislativos.
Algunos sectores creen que el camino podría ser una consulta popular, pero si bien hay proyectos (Romina del Pla, del Frente de Izquierda, lo ha vuelto a lanzar al ruedo) la idea es muy incipiente.
El proyecto propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 14 semanas, y habilita su práctica en todas las instituciones de salud en forma gratuita. En el país hay entre 47 mil y 52 mil hospitalizaciones al año a consecuencia de abortos clandestinos mal realizados, y decenas de mujeres (43 en 2016, según estadísticas oficiales) mueren por esa causa.
El apoyo transversal a la iniciativa quedará plasmado en las primeras 15 firmas: Victoria Donda (Somos) volverá a encabezar el listado, y le seguirán Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FpV), Romina del Plá (Partido Obrero) y Cecilia Moreau (Frente Renovador).
Siguen Carla Carrizo (Evolución Radical), Daniel Lipovetzky (PRO), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista), Nicolás del Caño (PTS), Carolina Moisés (Justicialista), Daniel Filmus y Mayra Mendoza (FPV), Silvia Lospennato (PRO) y Hugo Yasky (FPV).
PS