La Fiscalía de Ecuador empezó este lunes a retirar las pertenencias que dejó el australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, en su embajada en Londres y a revisar el otorgamiento
de la nacionalidad que le confirió en diciembre de 2017.
La Cancillería ecuatoriana detalló que las pertenencias de Assange que la Fiscalía se incaute con fines de investigación en la embajada, donde estuvo asilado entre junio de 2012 y abril pasado, serán remitidas a Ecuador, según los procedimientos legales.
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Además, señaló que si se concluye que algunos de los bienes incautados se deben transmitir a la Justicia de Estados Unidos, que para ello formuló una petición de asistencia penal, “se procederá a hacerlo siguiendo las normas y procedimientos legales de rigor”.
Los funcionarios de la Fiscalía que recojan las pertenencias las enviarán en Ecuador para que sean analizadas con posterioridad, agregó la Cancillería al precisar que esa acción cuenta con la autorización de un juez competente.
La diligencia se ejecutó en atención al pedido presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de conformidad con la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Convención de Nassau).
En esta misma jornada, la Contraloría de Ecuador advirtió que, aparentemente, la carta de naturalización de Assange, otorgada en diciembre de 2017, viola la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
En una sesión de lectura de las conclusiones preliminares de una indagación, la Contraloría también apuntó a un irregular comportamiento de Assange, argumento que el actual Gobierno ecuatoriano esgrimió para retirar el asilo al australiano y permitir que la Policía británica lo arrestara.
En la audiencia en la que la Contraloría reveló su informe participó también Juan Falconí, embajador en Londres entre septiembre de 2013 y junio de 2015.
Falconí declaró a los medios que considera el proceso de naturalización “totalmente cuestionable” porque, a su criterio, viola la normativa ecuatoriana e internacional y que, tal y como también apuntó la Contraloría, no se cumplieron los causales dispuestos en la ley.
Juan Falconí, embajador en Londres entre septiembre de 2013 y junio de 2015. (EFE)
El informe deja claro que la naturalización no cumplió con, al menos, tres requisitos, entre ellos el haber residido en el país durante tres años.
Además, dice que no existe constancia del documento con el que el australiano solicitó el inicio del proceso para que se le otorgara la nacionalidad, del cual tampoco se abonaron los aranceles que estipula la normativa nacional, que ascienden a unos 800 dólares.
Tampoco se le aplicó el cuestionario habitual para este tipo de casos, en el que el solicitante debe probar sus conocimientos de las tradiciones, historia, normas y cultura general ecuatorianas, agrega el informe.
Este informe de la Contraloría puede ser clave para el juicio político que el Parlamento inició hace unos días contra la ex canciller María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, por su papel en el proceso de naturalización del australiano.
Fuente: EFE